México se encuentra de luto ante el fallecimiento de Rosario Ibarra de Piedra, luchadora social incansable y símbolo de tenacidad para los miles de mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, decenas de miembros de la clase política, organizaciones de defensa de los derechos humanos y Naciones Unidas han expresado su pesar por el deceso ocurrido ayer.
Aunque Rosario Ibarra llegó a convertirse en el paradigma de la activista contestataria y en una de las figuras más reconocidas de la izquierda a escala nacional, ella no buscó este papel: le fue impuesto en 1974, cuando su hijo Jesús Piedra Ibarra fue detenido de manera ilegal en la ciudad de Monterrey por una docena de agentes policiales que posteriormente lo entregaron a instancias castrenses. Desde entonces ha sido imposible dar con su paradero, pese a la incansable labor de búsqueda y recopilación de evidencias. Este fracaso personal, doloroso hasta un extremo que sólo los familiares de víctimas de desaparición pueden dimensionar, contrasta con el enorme legado social que construyó, al punto de que puede considerársele una de las forjadoras de la ciudadanía mexicana moderna y entre las principales responsables de introducir los derechos humanos en la agenda pública nacional.
La desaparición de Jesús Piedra Ibarra y de cientos de ciudadanos –500, de acuerdo con la lista elaborada por el Comité ¡Eureka!, la primera organización de familiares de personas desaparecidas, fundada por Rosario Ibarra– se produjo en el contexto de la guerra sucia, la brutal estrategia aplicada por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo para aniquilar a los grupos guerrilleros y a sus integrantes, pero que se ensañó también con opositores que nada tenían que ver con la lucha armada. Este trasfondo histórico hizo que, en la lucha por encontrar a su hijo, Ibarra de Piedra se encontrase con otras personas en su misma situación y que, a lo largo de casi medio siglo de persistir en su esfuerzo, acabara cruzándose con otros sectores y otras reivindicaciones. Como apuntó Armando Bartra en nuestro diario apenas el viernes, la de doña Rosario fue una militancia ecuménica, a la cual no le era ajena ninguna causa justa: en sus casi cinco décadas de vida política (en el original y más noble sentido de este término), militó a favor de los presos políticos, los perseguidos, los exilados; en la causa de las mujeres, de la diversidad, de los indígenas, de los obreros, de la democracia, del medio ambiente y, en suma, por “proyectos de país integrales e incluyentes”.
Esta continua ampliación de los horizontes a los que había de llevar la lucha por la justicia hizo que quien comenzó como una ama de casa –como ella misma señalaba– se convirtiese en la primera mujer candidata a la Presidencia de la República en 1982, aspiración que repitió en 1988. Sin abandonar por un momento su causa central, fue diputada federal y senadora. Su trayectoria le valió la postulación al Premio Nobel de la Paz y recibir diversas distinciones nacionales e internacionales, entre ellas la Medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que otorga el Senado de la República, en 2019; sin embargo, para ella la mayor presea fueron los 150 desaparecidos localizados con vida por la organización que fundó.
Cuando la Cámara alta le otorgó su reconocimiento hace tres años, Rosario Ibarra de Piedra dejó la medalla en custodia del presidente López Obrador, con el encargo de que se la devolviera “junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los cubrirá con su halo protector”. Sin duda, el máximo homenaje que el Estado mexicano puede rendir a una de sus ciudadanas más ilustres, reside en localizar a las 96 mil personas que permanecen desaparecidas, y tomar todas las disposiciones a su alcance para erradicar este mal.
