La riqueza minera del país y su explotación por empresas extranjeras –muchas de ellas de origen canadiense– no es gravada de manera adecuada por las autoridades nacionales, por lo cual la gran mayoría de los recursos son enviados fuera de México y los municipios con mayor producción se encuentran entre los más pobres, al no obtener beneficios de esta actividad, señaló el académico e investigador Jaime Martínez Veloz.

Agregó que el valor de producción de la minería en el país es incluso superior al de las frutas, granos básicos, hortalizas y recursos forestales combinados, pero paga una cantidad mínima de impuestos al fisco en México.

En un análisis sobre el tema, el experto señaló que el convenio que actualmente existe entre los gobiernos de México y Canadá para “evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y la recaudación fiscal minera” –firmado en 2006, en el sexenio de Felipe Calderón– tiene una serie de “desventajas” que afectan el cobro adecuado de gravámenes.

Aunque el tratado busca “generar un ambiente favorable para la inversión extranjera”, al mismo tiempo da lugar a un fenómeno de pérdida de recaudación, pues define la “exclusividad” de uno de los dos Estados (en este caso el de Canadá) para “gravar determinadas rentas o compartir la tributación respecto de otras”.

Lo anterior, explicó Martínez Veloz, “conlleva necesariamente a un menor ingreso fiscal por la renuncia parcial a gravar en su totalidad determinado tipo de ingresos, como dividendos, intereses y regalías”.

“Nunca como ahora se ha extraído tanto oro y plata”

Luego de destacar que “nunca antes en la historia del país se había extraído tanto oro y plata como ahora”, el especialista señaló que el actual impuesto de 7.5 por ciento a las empresas mineras canadienses es “insuficiente”, pues las rentas del sector se le pagan finalmente a las autoridades de ese país.

“Debe existir una revisión al gravamen y que éste se aplique a los ingresos brutos en vez de a los netos”, como señalan las prácticas internacionales, puntualizó Martínez Veloz, pues de esta forma se consideran más los daños medioambientales de la minería y se evita que las empresas recurran a acciones como declarar pérdidas fiscales o no pagarle utilidades a sus trabajadores.

“México debe hacer valer su con-dición como autoridad fiscal respecto de la actividad minera, a fin de que el país reciba los ingresos congruentes o las utilidades, y regular que el deterioro ambiental sea el menor posible”, enfatizó el académico y ex diputado federal.

Un ejemplo de la falta de recaudación adecuada, según la investigación de Martínez Veloz, es el de minera Peñasquito –propiedad de la compañía estadunidense Newmont Goldcorp–, que en 2014 produjo en su yacimiento de Mazapil, Zacatecas, 21 mil 107 millones de pesos, de los cuales pagó 6 mil 332 millones al fisco de Canadá y sólo 183 millones al de México.

Según el especialista, el valor de la producción minera en México es superior al valor conjunto de la producción de los frutales, granos básicos, hortalizas y forestales, pues sólo de 2012 a 2014 las minas generaron ganancias por casi 832 mil millones de pesos, mientras el resto de los sectores mencionados alcanzaron 755.7 mil millones.

En el trienio referido, la producción de frutas alcanzó 255.3 mil millones de pesos; la de hortalizas, 180.7 mil millones; la de granos básicos, 298.4 mil millones, y la forestal, 21.2 mil millones de pesos.

Pese a ello, la riqueza de las minas no ha implicado que los municipios que las albergan se vean beneficiadas, como lo demuestra que las demarcaciones con más personas en pobreza en los estados de Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Coahuila coinciden con las que tienen mayor número de concesiones mineras.