Desde Sonora hasta Chiapas, la actividad minera en el país ha dejado, en algunas regiones, una estela de afectaciones sociales y económicas para los habitantes de zonas aledañas: división de comunidades, protestas por incumplimiento de contratos, condiciones laborales injustas, pobres retribuciones, daños a sus tierras de cultivo y actividades productivas, así como al ambiente.

También accidentes y enfermedades, a veces sin compensaciones para los empleados conforme a la ley; despojo de fuentes de trabajo, discriminación laboral, migración, daños a viviendas por explosiones de dinamita, invasión de territorios indígenas, y amenazas y asesinatos de opositores a los proyectos.

En 2007, el consorcio Grupo México, propiedad de Germán Larrea, se adueñó del yacimiento de cobre más grande del país, tras despojar a unos mil trabajadores de su contrato colectivo de trabajo y negarse a contratar mano de obra originaria de Cananea o que tuviera relación con miembros de la sección 65 del sindicato nacional minero.

Pobladores, empresarios y comerciantes de esta localidad del norte de Sonora viven una grave situación económica, pues, según han denunciado, tras la medida impuesta por el corporativo las nuevas generaciones se han visto obligadas a migrar al sur de Estados Unidos en busca de empleo.

La sección 65 y la dirigencia nacional del gremio pidieron la interven-ción de la Comisión Interamericana de Derechos por violaciones a sus ga-rantías individuales, entre ellas la dis-criminación laboral que Grupo Mé-xico ejerció, pues tras romper la huelga y desalojar a los obreros, comenzó a contratar mineros de otras entidades.

Falta de agua en Cananea

A diario en las colonias de Cananea hay protestas por la falta de agua, mientras la empresa de Larrea opera con una concesión anual de 120 pozos en la zona, de los que extrae 45 millones de metros cúbicos de los ríos San Pedro y Ojo de Agua.

En 2006, el consorcio obtuvo ingresos brutos por 6 mil millo-nes de dólares sólo con el yacimiento de Buenavista del Cobre, y un año después regateó liquidar conforme a la ley a los mil 200 integrantes de la sección 65.

En Guerrero se vive un conflicto similar; los integrantes de la sección 17 del sindicato nacional minero están en huelga desde julio de 2007 en demanda de la revisión del contrato laboral. Roberto Hernández, dirigente del gremio, culpa a Grupo México de ocasionar severos daños sociales y económicos en la región. “La falta de empleo ha lacerado a todos los taxqueños; la minera era la fuente de empleo más grande, después la artesanía, y el turismo”.

Admitió que el estancamiento del conflicto durante casi 15 años “nos ha afectado mucho; al sindicato llegan jóvenes preguntando cuándo se abrirá el yacimiento. Eso permitiría disminuir la delincuencia. Taxco volvería a florecer”.

Afirmó que hay ex trabajadores que se mantienen al pie de la lucha, enfermos de leucemia, plomo en la sangre, provocados por los desechos de la mina, y ninguna autoridad hizo nada”.

“Quedamos 136 de casi 400 trabajadores que éramos al inicio, y estamos endrogados “hasta la madre”, muchos debieron aceptar una liquidación”, comentó.

Sobre la Mina de Filos de Carrizali-llo, operada por Equinox Gold, en el municipio de Eduardo Neri, además de que los pozos de las zonas contiguas se secaron, algunos ejidatarios se vieron obligados a desplazarse, pues criminales les cobran una cuota anual por la renta de tierras.

En la veta Capela, del Grupo Peñoles, situada en Teloloapan, los residentes de cinco demarcaciones vecinas denunciaron daños en al menos 400 viviendas por las explosiones de dinamita.

Zacatecas es una de las entidades con mayor actividad minera en México, y por lo mismo con más conflictos sociales derivados de esta actividad. Ello, debido a que, en muchas ocasiones, las compañías firman convenios que no cumplen cabalmente por la ocupación y renta de sus tierras a ejidatarios y pequeños propietarios dedicados a actividades agropecuarias.

Una de las pugnas más importantes de los últimos años es el despojo que sufrieron 200 familias de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, donde opera la Minera Ocampo Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim.

La disputa comenzó en 2004 y aunque en el poblado ya no viven más que dos o tres familias –porque la mayor parte de las casas y edificios públicos, como la escuela y la iglesia, fueron reducidos a escombros por la compañía, el caso se litiga aún en el Tribunal Unitario Agrario del estado.

En Coahuila, después de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde el 19 de febrero de 2006 murieron 65 obreros, los accidentes en los yacimientos continúan y las condiciones de trabajo de los obreros empeoran.

“En el periodo de Calderón, de las minas se extraían 3.5 millones de toneladas de carbón al año y morían en promedio 25 obreros al año; en 2021 se sacaron menos de 1.2 millones de toneladas y murieron 11 personas, algo estamos haciendo mal”, dijo Cristina Auerbach, coordinadora de Familia Pasta de Conchos AC.

Señaló que los contratos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad para pequeños productores empeoraron la situación en los yacimientos, pues motivó que se abrieran más pozos que incumplen con las medidas de salubridad y de seguridad para sus empleados. Reprobó que se sigan entregando contratos a los mismos empresarios, sin obligarlos a mejorar las condiciones laborales y las instalaciones para evitar que sigan falleciendo obreros.

Desplazamientos de pobladores, asesinatos, desapariciones y retribuciones económicas injustas ha dejado la minería en Jalisco, en particular en comunidades nahuas y wixaritari. Al sur del estado, en el rico ejido de Ayotitlán, donde habitan nahuas, entre árboles de maderas preciosas y el yacimiento de hierro más grande del país –que abarca también el estado de Colima y parte de Michoacán–, los indígenas han sido parias en su propio territorio.

Primero la mina paraestatal Peña Colorada, que desde 2005 se convirtió en una empresa privada que pertenece a la ítalo-argentina Ternium y a la luxemburguesa ArcelorMittal, provocó desplazamientos por la contaminación y desechos producidos, pese a las protestas de los ejidatarios, hasta que hace cinco años y después de numerosos recursos legales y negociaciones, lograron que por fin la empresa pagara por el uso de parte de su territorio en la extracción del mineral base para el acero.

Pero en ese ínter hubo agresiones contra líderes nahuas, uno de ellos Gaudencio Mancilla, quien fue arrestado en diciembre de 2013, junto con Félix Monroy, quien también fue apresado por su activismo contra laminera y la desaparición forzada de su sobrino, Celedonio Monroy, en 2012.

Divide a comunidades

Uno de los principales daños sociales por la explotación de minas esla división que provoca en las comunidades, afirmaron pobladores del municipio de Chicomuselo, situado en la sierra de Chiapas. En esa demarcación, que se convirtió en símbolo de la lucha contra la explotación minera, fue asesinado en 2009, Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de sus recursos.

Agregaron que otra consecuencia son las amenazas e intimidación que sufren quienes se oponen a la explotación de minas, así como la privatización de las tierras.