Madrid. Begoña Alonso regentaba hasta hace un par de semanas una frutería en un barrio céntrico de Madrid. Llevaba poco tiempo con el negocio, pero se iba dando a conocer con la clientela y poco a poco iba aumentando los ingresos para asentar al negocio. Pero vino la peor inflación en 30 años (más del 9.8 por ciento en el mes de marzo), el incremento sin tregua de la tarifa de la luz y de la energía, y su proyecto vital y empresarial se pulverizó. “No pude aguantar esa tormenta perfecta y tuve que cerrar”, explicó a La Jornada, en lo que es un ejemplo más de las más de 10 mil pequeñas y medianas empresas (pymes) que tuvieron que cerrar en los últimos tres meses por la crisis galopante que azota a este país, provocada en gran medida por el precio de la electricidad y los hidrocarburos.

España es el país de la Unión Europea (UE) que está padeciendo con más dureza la crisis del precio de la energía, agudizada en semanas recientes por la guerra en Ucrania, y que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de un sector controlado por las grandes multinacionales y un órgano regulador que prima la libre competencia en lugar del bienestar básico de la sociedad.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez intentó superar la crisis con una negociación a la desesperada con la UE para que reconozcan la “excepcionalidad ibérica” y les permitan moderar el incremento del precio de la energía a través de poner un límite al precio del gas. La Comisión Europea (CE) autorizó la intervención, pero exigió a cambio que antes de que se pusiera en marcha se enviara a las autoridades comunitarias para su aprobación. De ese día ya han pasado casi cuatro semanas, han cerrado más de 10 mil pymes y para desesperación de los comerciantes la situación es idéntica a la de hace un mes, no hay cambio y no lo habrá hasta que la CE no autoricé la propuesta lanzada por España y Portugal para reconocer esa supuesta “excepcionalidad ibérica”.

El principal escollo de las negociaciones en Europa son las grandes multinacionales europeas de la electricidad, con Iberdrola y Enel a la cabeza, que alegan una supuesta alteración de las reglas de la competencia que vulnerarían los derechos de las otras empresas. Una tesis que ya han asumido como propia países como Alemania, Suecia, Finlandia, Holanda y República Checa.

La situación empeorará

Begoña Alonso vivía al margen de la actualidad política, hasta que empezó a ver cómo sus gastos corrientes se iban incrementando. Cuando finalmente se anunció la medida de reducción de la tarifa a la luz y de las propuestas para rebajar la inflación, vivía pendiente de que algo cambiara, “pero pasaban los días, las semanas y nada. O bueno, sí, algo cambiaba, pero para empeorar. Todos mis gastos subieron más de 15 por ciento y yo, por la propia competencia del barrio, no podía subir los precios. Al final tuve que cerrar para dejar de perder dinero cada mes”.

El aumento de los costos fijos, la caída en la facturación y el poco margen de maniobra de algunas compañías para trasladar la inflación a los precios finales ha impulsado los cierres de empresas, que han aumentado 14 por ciento en lo que va de año, cerca de 10 mil 400 negocios en tan sólo tres meses, lo que supone que cada día 115 se disuelven en nuestro país.

El sector que experimentó la mayor pérdida de pymes en marzo es el de la energía, con 319 disoluciones más que hace un año. En el primer trimestre los cierres aumentaron en casi todos los sectores, encabezados por el comercio, la construcción y actividades inmobiliarias.

Según la encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad correspondiente al primer trimestre de 2022, publicada este lunes por el Banco de España, se pone en evidencia que en el primer trimestre algo más de 40 por ciento de las ellas tuvieron que subir sus precios, un incremento de más de 10 puntos respecto del trimestre anterior. Una situación que empeorará en el futuro: algo más de 60 por ciento de las empresas esperan aumentar sus precios en el plazo de un año.

Y en relación a los costos, los resultados de la encuesta muestran una nueva agudización de las presiones inflacionistas. Este incremento se viene observando en la encuesta desde su lanzamiento a finales de 2020. En esta ocasión, casi 82 por ciento de los negocios declararon haber detectado un aumento en los precios de sus consumos intermedios, casi 7 puntos por encima de la cifra del trimestre pasado.

Además, cerca de la mitad de esas empresas ven la magnitud del incremento de costos como significativa, en concreto, un 46.6 por ciento del total, 9 puntos más que en el trimestre precedente. Las empresas encuestadas esperan, asimismo, que estos desarrollos inflacionistas se mantengan en niveles similares en el segundo trimestre para el que casi 78 por ciento de las sociedades prevén incrementos adicionales en el coste de sus estructuras laborales.

Esto significa que la inflación sin freno ha terminado por convertirse en un enorme tsunami que engulle todo lo que toca, haciendo que familias y empresas tengan cada vez menos posibilidades de llegar a final de mes. Los carburantes, la electricidad e incluso los alimentos básicos protagonizan una escalada de precios que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) registraron 9.8 por ciento, su tasa más alta en 37 años.

La conclusión de los expertos es que se debe al repunte de los precios de electricidad, gasóleo para calefacción, carburantes para vehículos personales, restauración y servicios de alojamiento, así como al encarecimiento “generalizado” de los alimentos, especialmente de pescados y mariscos, carne, legumbres y hortalizas, así como de leche, queso y huevos.

Entre tanto, pequeños empresarios como Begoña tuvieron que echar el cierre a su negocio y apuntarse a las listas del desempleo. “Con este panorama me quedan pocas ganas de volver a emprender de nuevo en algún negocio. Más adelante ya veremos, pero ahora todo se ve muy difícil y yo ya no quiero trabajar perdiendo dinero”.