La iniciativa para reformar la ley minera que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ya lista a fin de garantizar que el litio sea declarado un mineral estratégico propiedad de la nación es fundamental y cuenta con el aval de los legisladores de Morena, señaló el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien consideró que se requiere además una modificación integral de esa legislación, que en las pasadas cuatro décadas se fue adaptando a los intereses de las empresas nacionales y extranjeras.
“Aplaudo el anuncio que formuló el Presidente de la República, de reformar la ley minera, para evitar que intereses privados se apoderen de ese metal, llamado el petróleo blanco, que puede generar mucha riqueza para el país, ya que es el mineral del futuro por su uso en la industria de las telecomunicaciones, en especial para baterías de teléfonos celulares, cámaras y otros dispositivos.”
Dirigente del sindicato minero, el senador resaltó que por ello tiene razón el Ejecutivo federal en tener lista esa iniciativa, en caso de que no sea aprobada la reforma constitucional eléctrica, que incluye modificaciones al artículo 28 de la Carta Magna, para considerar al litio propiedad exclusiva de la nación.
El senador del partido guinda consideró que de todas formas la ley minera requiere una revisión a fondo, ya que desde hace 40 años los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) la fueron flexibilizando para permitir que las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que operan en ese sector, obtuvieran todo el control de las concesiones, acumularan tierras que son de la nación, muchas las mantuvieran ociosas y hasta las enajenaran, contaminaran el medio ambiente, sin sanciones destruyeran pueblos y acumularan ganancias, porque su contribución fiscal es muy poca.
“Esto tiene que cambiar, independientemente del litio, el ajuste a la ley minera debe ir a fondo si queremos mantener la soberanía sobre nuestros recursos minerales. En la actualidad, ya tienen 120 de las 200 millones de hectáreas del territorio nacional, si no los detenemos, se van a querer quedar con todo el país”.
Desde que se inició la legislatura en el Senado, en 2018, Gómez Urrutia ha ido elaborando un proyecto de reforma, expuso, para poner orden en el sector minero. El presidente López Obrador frenó la entrega de concesiones, ya que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las otorgaron de forma exagerada, pero se requiere además una serie de cambios para frenar el saqueo de recursos.
Por principio, manifestó, reducir el periodo de tiempo por el que se otorgan las concesiones, que es de 50 años, con la posibilidad de renovarlos por otros 50. “Eso significa que los empresarios pueden tenerlas hasta por un siglo y dado que la vida productiva de un yacimiento minero es de 20 años en promedio, otros 80 años mantienen los terrenos en su poder, lo que les ha permitido hasta venderlos”.
Gómez Urrutia resaltó que tiene conocimiento “de cómo los empresarios, cuando ya no explotan las minas, se apoderan de las tierras, que son propiedad de la nación, y crean incluso un mercado inmobiliario ilegal”. Uno de los cambios fundamentales, sostuvo, es volver a establecer en la ley la disposición de que las concesiones se cancelarán automáticamente si después de dos años de que se les dieron, no las explotan. Además, revisar todo el esquema fiscal, que lesiona al Estado.
