Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió que sus dos fideicomisos –uno para atender el pasivo laboral y otro para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria– “están amparados por la ley, en su autonomía”, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, insistió en el carácter ilegal de ambos, ya que al no ser dicho organismo una institución de seguridad social ni un fondo inmobiliario, “no podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”.

La confrontación entre el INE y Pablo Gómez surgió después de que el titular de la UIF cuestionó el miércoles en redes sociales la escasa instalación de casillas que desplegó el instituto durante la consulta de revocación de mandato, el 10 de abril. Deploró que la razón haya sido de orden financiero, cuando el INE retuvo mil 360 millones de pesos “en sus ilegales fideicomisos”.

Ante ello el órgano electoral respondió en un comunicado que sus fondos “no son ilegales” y los recursos con que se cuentan en dichos instrumentos no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que así lo establece en su artículo 11 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“Lo que me responde oficialmente el INE sobre sus dos fideicomisos es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos”, insistió Pablo Gómez. El instituto “no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función”, replicó a través de su cuenta de Twitter.

El órgano electoral intentó defenderse al declarar que los dos fideicomisos mencionados no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados

Los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE) “están amparados por la ley, en su autonomía” y su operación “es transparente”, respondió este organismo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez, quien ayer deploró que la escasa instalación de casillas para la consulta de revocación de mandato haya sido por temas financieros, cuando el instituto retuvo mil 360 millones de pesos “en sus ilegales” fondos.

El INE reiteró que los recursos con que se cuentan en dichos instrumentos no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que así lo establece en su artículo 11 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Detalló que el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, “cuyo objetivo es la protección de los derechos de las y los trabajadores”, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE, que también incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos, “tienen funcionamiento totalmente diferente; es decir, destino u objeto, fuente de financiamiento, comité, reglas de operación y cuenta bancaria, entre otros”.

En conjunto, los fideicomisos tienen un saldo de mil 353.09 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados, insistió en un comunicado.

“Los fideicomisos no son ilegales. Se encuentran sustentados desde la Constitución Política que determina que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función”, aseveró.

El miércoles pasado, a través de redes sociales, Pablo Gómez cuestionó la poca instalación de casillas que desplegó el INE el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato, y deploró que la razón haya sido de orden financiero, cuando el instituto “retuvo mil 360 millones de pesos en sus ilegales fideicomisos”. Además, lamentó la poca disponibilidad del INE en la organización: “La ‘autoridad electoral’ nunca dio a conocer a la ciudadanía, porque estaba en contra del procedimiento”, que la Constitución “señala la obligación de votar”.