Antes de llegar en 2019 al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) como director financiero, René Gavira Segreste, vinculado a proceso acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de utilizar 100 millones de pesos de recursos públicos para “invertir” en la bolsa, había tenido una breve carrera como funcionario público, en la que, sin embargo, sus acciones ya le había acarreado una sanción por irregularidades administrativas.
Según el currículum del ex funcionario publicado por Liconsa, Gavira Segreste fue nombrado en 2015 director de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces delegación Cuajimalpa –hoy alcaldía– de la Ciudad de México.
En junio de ese año fue designado director de Promoción Deportiva de la delegación y en octubre fue nombrado director ejecutivo de Promoción Deportiva y Turismo Social, puesto al que llegó por designación el entonces jefe de la demarcación, Mario Valdés Guadarrama, quien ese mismo año relevó en al priísta Adrián Ruvalcaba, que pidió licencia.
Es debido a su desempeño en este cargo que fue sancionado en 2018 –menos de un año antes de llegar a Segalmex– por la Contraloría General de la Ciudad de México a través de la Contraloría Interna en Cuajimalpa, de acuerdo con documentos obtenidos por este diario mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
Las irregularidades que se le atribuyen están relacionadas con el incumplimiento de una resolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX).
De acuerdo con documentos de la Contraloría, Gavira Segreste omitió dar cabal cumplimiento a lo requerido en una resolución del instituto de fecha 1º de julio de 2015, relacionada con el uso de espacios del Centro Deportivo Año Internacional de la Mujer, antes Deportivo Cacalote.
La Contraloría Interna de Cuajimalpa lo encontró responsable de contravenir el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala que “para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño” de su cargo, todo servidor público tiene la obligación de cumplir con la ley de transparencia y con las resoluciones emitidas por el instituto de transparencia.
No obstante, se consideró que la conducta de Gavira Segreste en este asunto fue “no grave”, por lo que se le impuso una amonestación pública como sanción.
