Presuntos actos de corrupción y conflictos de intereses ocurren dentro del Consejo de Salubridad General (CSG), los cuales ya investiga el Órgano Interno de Control. Las denuncias señalan la entrada irregular de fármacos y equipos médicos al Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS, antes Catálogo y Cuadro Básico de Medicamentos).

De entre el cúmulo de anomalías reportadas destacan cinco productos de nutrición (fórmulas lácteas y suplementos alimenticios) cuya incorporación al CNIS supuestamente se aprobó en 2018. Hasta octubre de 2021 se incluyeron y cuatro meses después, en un solo día fueron excluidos.

Los denunciantes, quienes solicitaron el anonimato, señalan como responsable de los supuestos actos ilícitos a César Alberto Cruz Santiago, secretario técnico de la Comisión Interinstitucional del Compendio de Insumos para la Salud, quien al mismo tiempo se ostenta en actos convocados en las redes sociales e incluso en su cuenta de Twitter, como presidente de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados (ISPOR) capítulo México.

El organismo se dedica a la promoción de la farmacoeconomía (evaluación económica de los medicamentos) y ahí participan integrantes de la industria farmacéutica, los cuales son proveedores del sector público.

En entrevista con La Jornada, Cruz Santiago rechazó las acusaciones y aseguró que los procesos de inclusión de insumos al CNIS se realizan con la participación de los representantes de las instituciones públicas de salud y comités de expertos que analizan y emiten dictámenes sobre las propuestas. Incluso, afirmó que las sesiones se graban “para mayor transparencia” y que él carece de facultades para aprobar o rechazar las solicitudes.

No obstante, junto con Cruz Santiago, otros funcionarios dentro del CSG también son acusados por los denunciantes, quienes aseguran que las irregularidades son incontables y han ocurrido, sobre todo, en los pasados dos años en que ha habido una intensa actividad en el CSG para aprobar la inclusión de fármacos, material de curación y equipos médicos “con mucho dinero en efectivo de por medio”.

Por solicitudes de información al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –de cuya respuesta La Jornada tiene copia– se pudo confirmar que el comité de expertos del área de Nutrición supuestamente revisó y aprobó las solicitudes de los cinco suplementos alimenticios y fórmulas para lactantes en noviembre de 2018 y tres años después el CSG decidió incluirlos en el CNIS, el 4 de octubre de 2021, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización del libro de Nutriología.

Sin embargo, de ninguno de los cinco insumos se tiene registro en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

María del Carmen Ramírez Yáñez, coordinadora administrativa y Enlace de Transparencia del CSG contestó la petición de información y aseguró que a la sesión del Comité Técnico de Nutriología fueron invitados y asistieron todos los integrantes, representantes de las instituciones del sector salud.

En respuestas por separado sobre el tema, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), indicaron que no localizaron la información sobre el asunto. Petróleos Mexicanos lo clasificó como confidencial, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de plano, se deslindó y remitió al solicitante al CSG.

En su respuesta, Ramírez Yáñez reconoció que el CSG carece de las opiniones técnicas del comité que sustentan la calidad de los productos y entregó una copia del acta de la sesión del 12 de noviembre de 2018, donde –dijo– se aprobó la inclusión de las mercancías al CNIS. Pero los nombres de dos de los integrantes están equivocados. Los representantes de Sedena y Semar eran otros en esa fecha.

Aún más grave resulta el hecho de que después de haber contestado la solicitud de información, la secretaría técnica de la Comisión Interinstitucional del CNIS a cargo de Cruz Santiago, propuso y obtuvo el mismo día (28 de febrero pasado), la exclusión de los productos en cuestión; tres de la firma Adventia Pharma, uno de Nutriobiotics México y uno de Healthylab Mexicana.

Otro caso es el Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras que iba a realizar el CSG, con el fin de determinar las necesidades de atención de los afectados, lo cual incluía los medicamentos.

El censo se suspendió porque este organismo carece de facultades para ello, además de que existe la sospecha de intromisión de la industria farmacéutica. Así lo señaló el subsecretario Hugo López-Gatell en octubre de 2021 en sesión del pleno del CSG donde se presentó el proyecto.

No obstante, el CSG a través de Cruz Santiago anunció la realización del proyecto. La Jornada confirmó que tal tarea quedó suspendida, como recomendó López-Gatell, mientras los denunciantes –que también enviaron una carta al secretario de Salud, Jorge Alcocer–, aseguraron que con ello se frenó otra fuente irregular de ingresos para Cruz Santiago, quien, dijeron, apostaba a “cobrar montos millonarios a los fabricantes” para que sus terapias se incorporaron al CNIS.

Una anomalía más se dio el pasado 4 de marzo, con la aprobación de un equipo de mastografía en el comité de auxiliares de diagnóstico, cuando de acuerdo con los denunciantes, debió pasar por el comité de equipo médico, donde “lo más probable es que habría sido rechazado por falta de calidad y eficiencia”.