Londres. El gobierno del primer ministro de Reino Unido, el conservador Boris Johnson, anunció ayer un controvertido plan de control de la migración sin papeles, que incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, país africano a 7 mil kilómetros de distancia, y confiar a la Armada la vigilancia de los arribos ilegales por mar.

“A partir de hoy, la Royal Navy asumirá el mando operativo en el Canal de la Mancha (...) para garantizar que ninguna embarcación llegue al Reino Unido sin ser detectada”, anunció Johnson, durante una visita a Dover, en la costa del sur de Inglaterra, por donde ha llegado en los últimos meses un número creciente de embarcaciones con migrantes.

El ejecutivo dedicará 50 millones de libras (65 millones de dólares) a más personal y nuevo material, como helicópteros, aviones y drones, precisó. La ministra del Interior, Priti Patel, viajó a Kigali para cerrar este multimillonario acuerdo, que provocó indignación.

Ruanda recibirá en un primer momento 120 millones de libras (157 millones de dólares) “para acoger a demandantes de asilo y migrantes y darles una vía legal para la residencia” y para “establecerse de forma permanente, si así lo desean”, en ese país, informó su ministro de Relaciones Exteriores, Vincent Biruta.

La preocupación por la inmigración fue un factor importante en la votación del Brexit en 2016, y Johnson ha estado bajo presión para cumplir su promesa de “recuperar el control” de las fronteras británicas.

Sin embargo, su plan suscitó rápidas críticas de los opositores, de la ONU y organizaciones benéficas.

“Debemos asegurarnos de que la única vía de asilo en Reino Unido sea segura y legal”, dijo Johnson en un discurso en Kent, al sureste de Inglaterra, donde miles de migrantes en pequeñas embarcaciones desembarcaron en las playas del canal el año pasado.

“Quienes intenten saltarse la cola o abusar de nuestros sistemas no encontrarán una vía automática para instalarse en nuestro país, sino que serán expulsados de forma rápida y humana a un tercer país seguro o a su país de origen”.

Cualquier persona que haya llegado a Gran Bretaña de forma ilegal desde el 1º de enero puede ser reubicada en Ruanda, lo que desbarataría el negocio de las bandas de traficantes de personas, dijo el primer ministro.

“El acuerdo que hemos hecho no tiene límites y Ruanda tendrá la capacidad de reubicar a decenas de miles de personas en los próximos años”, señaló.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) rechazó la iniciativa. “Las personas que huyen de la guerra, el conflicto y la persecución merecen compasión y empatía. No deben ser comercializadas como mercancías y trasladadas al extranjero para su procesamiento”, dijo la alta comisionada adjunta del Acnur, Gillian Triggs.

También se planteó la preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda, que el propio gobierno británico señaló el año pasado.

Johnson dijo que Ruanda, donde en 1994 los extremistas hutus mataron a más de 800 mil tutsis y hutus moderados, era “uno de los países más seguros del mundo”, al añadir que el riesgo de acabar en el país sería un “factor disuasorio considerable” con el tiempo.

Legisladores de la oposición británica dijeron que Johnson estaba tratando de distraer a la opinión pública tras las peticiones para que dimita, tras ser multado el martes por asistir a una reunión por su cumpleaños en junio de 2020, cuando la interacción social estaba casi prohibida ante la pandemia de covid-19.