Aunque los pueblos indígenas y afromexicanos tenían grandes expectativas con respecto al actual gobierno federal, dichas esperanzas “se empiezan a desvanecer”, en gran medida por la falta de impulso de esta administración al proyecto de reforma constitucional que diversas organizaciones, comunidades y expertos le entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador hace más de medio año, sin que hasta ahora se haya enviado al Legislativo.
Así lo afirmó Carlos de Jesús Alejandro, representante indígena de México ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, quien señaló que el “vacío de interés” gubernamental en temas relacionados con las comunidades originarias está siendo aprovechado por los partidos de oposición.
En entrevista con La Jornada, el experto señaló que aunque el Ejecutivo lanzó o anunció planes de atención para las etnias yaqui y wixarika, ha dejado de lado al resto de los 68 pueblos originarios que hay en México y no le ha dado cauce legal a la propuesta de reforma constitucional presentada desde el pasado 28 de septiembre.
“Hay una omisión u olvido del tema de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Con mucha expectativa fuimos partícipes de esta convocatoria que lanzó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en la cual se hicieron más de 54 foros y se formó un grupo de trabajo” desde 2019 para reconocer a las comunidades como sujetos plenos de derecho, indicó.
A ello se suma el hecho de que el INPI no sólo no logró recuperarse del recorte presupuestal de 50 por ciento que sufrió en el sexenio de anterior, sino que además tuvo una baja de 30 por ciento.
