Luego de revisar su propia recomendación 15VG/2018 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, emitida hace casi cuatro años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que con esa investigación este organismo incurrió “en la repetición del discurso oficial (de ese momento, por lo que) criminalizó, estigmatizó y revictimizó en lugar de defender los derechos humanos de las víctimas y sus familiares”.

Destacó que la Oficina Especial para el Caso Iguala, a cargo de José Trinidad Larrieta, trabajó bajo secrecía y fragmentación de la información; los dictámenes u opiniones técnicas que emitió “fueron realizados en gabinete”, sin salir a campo, y analizó las pruebas con enfoque ministerial, “tendiente a corroborar conductas delictivas, más que las violaciones a los derechos humanos”.

El análisis de las pruebas se efectuó “desde la visión de persecución criminal”, realizando afirmaciones diversas con las cuales se buscó corroborar la hipótesis del destino final de los normalistas en el basurero de Cocula, en el que se basa la llamada verdad histórica, aseveró en el informe de la recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días.

Además, la CNDH, que en ese momento encabezaba Luis Raúl González Pérez, no consideró todos los elementos contextuales que pudieron haber tenido influencia para que se suscitara la agresión contra los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, tales como la confrontación entre éstos y las autoridades por sus actos de protesta y reclamo social.

La comisión a cargo de Rosario Piedra Ibarra agregó que si bien en la recomendación se hace referencia en múltiples ocasiones al Informe pericial sobre la incineración en el vertedero de Cocula, presuntamente elaborado por la misma CNDH con la participación de un equipo interdisciplinario, “no fue posible su identificación para el correspondiente análisis, por lo que no se tiene certeza de las actividades desarrolladas para la elaboración de éste”.

Además, se obvió el papel de integrantes de las fuerzas armadas en los hechos, y la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura a diversos detenidos.

En el informe también plantea acciones para subsanar las deficiencias u omisiones, entre ellas una disculpa pública en la que el Estado y las instituciones involucradas reconozcan el impacto de su actuar y dar parte al órgano interno de control para investigar y fincar las responsabilidades administrativas y penales derivadas de las actuaciones de la oficina especial.

Según la CNDH, la cadena de mando y los resultados de las actuaciones de la citada oficina eran del conocimiento pleno de González Pérez.