El informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas alertó sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los migrantes que cruzan territorio nacional tras detallar que durante la visita de la misión a México recibieron testimonios y denuncias acerca de las masacres de San Fernando, Cadereyta, Güémez y Camargo, las cuales son casos paradigmáticos “de la gravedad de la situación”.

En el documento, el CDF enfatizó la situación que enfrentan tres grupos específicos en torno a este delito. Resalta su preocupación por la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, de los cuales ninguno ha sido localizado y no hay avance en las investigaciones o sanciones a los responsables. Esta situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, sostuvo.

De igual forma, expresó su preocupación por la condición en que se encuentran los defensores de derechos humanos y los buscadores de desaparecidos en especial, porque de diciembre de 2010 a la fecha, al menos 13 de éstos han sido asesinados, presuntamente en represalia a sus labores de investigación.

“El comité también está preocupado por las informaciones recibidas sobre la falta de independencia y autonomía de las comisiones nacional y estatales de los Derechos Humanos. ”

Quejas contra la GN

Entre las reclamaciones destacan la lentitud en resolver quejas, especialmente las presentadas contra la Guardia Nacional por violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, y la decisión de no presentar acciones de inconstitucionalidad contra el acuerdo presidencial de mayo de 2020, que mantiene y profundiza la militarización de la política de seguridad.

El documento de la ONU expresó que es significativo que, al producirse la visita, no se encontraban nombrados todos los integrantes del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pese a haber transcurrido dos años desde el inicio de la nueva gestión, y que los consejos ciudadanos locales no se hayan instituido.

El documento agrega que “las comunidades indígenas también se han visto afectadas por desapariciones, que ocurren principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados, con diferentes niveles de involucramiento o aquiescencia de servidores públicos. Además, varias víctimas presentaron alegaciones de aquiescencia con relación a desapariciones de personas indígenas que ocurrieron tras hechos de reclutamiento forzado”.

El documento destaca la necesidad de dar un giro al funcionamiento de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas dado que se ha centrado en el mecanismo de indemnización, dejando de lado otras prioridades de los familiares, como el acceso a la justicia y la verdad.

Adicionalmente, el fondo presupuestal creado por la Ley General de Víctimas bajo la figura de un fideicomiso fue eliminado por el gobierno en 2020, junto a gran cantidad de fondos públicos similares.