El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, cuestionó la escasa instalación de casillas que desplegó el Instituto Nacional Electoral el domingo pasado durante la consulta de revocación de mandato. En su crítica, deploró que la razón haya sido de orden financiero, cuando el instituto “retuvo mil 360 millones de pesos en sus ilegales fideicomisos”.
A través de sus redes sociales, quien ha sido representante ante ese organismo, deploró la poca disponibilidad del INE en la organización: “La ‘autoridad electoral’ nunca dio a conocer a la ciudadanía, porque estaba en contra del procedimiento”, que la Constitución “señala la obligación de votar”.
A lo largo del proceso de organización, el tema presupuestal fue una constante causa de confrontación entre Morena y el instituto, a partir de los sucesivos intentos que hizo el partido para que el organismo electoral desapareciera los fideicomisos de infraestructura inmobiliaria y de pasivo laboral a efecto de canalizar estos mil 360 millones de pesos al financiamiento de la instalación de casillas.
Desde que el INE formalizó que sólo instalaría 57 mil 517 casillas ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte de recursos, Morena cuestionó la falta de disposición de la autoridad electoral para hacer cumplir los preceptos de la Ley General de Revocación de Mandato que le obligaba a instalar 161 mil casillas. Nunca se aceptó la petición.
