El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas, que expone la crisis de este fenómeno que se vive en México y, particularmente, sobre la recomendación que hizo al Estado para que abandone el enfoque de militarización de la seguridad pública.
“Los órganos de derechos humanos no callaron ante la militarización del pasado y no lo harán ante su profundización en el presente”, resaltó en redes sociales.
Luego de que el jefe del Ejecutivo advirtió que instancias como la ONU no pueden poner a México en el banquillo de los acusados porque ahora el Ejército no reprime como ocurría antes y señaló que el comité no tiene toda la información, por lo que sus integrantes “no están actuando con apego a la verdad”, el Centro Prodh sostuvo que en el país “se siguen violando derechos humanos”.
La crisis de violencia y desapariciones “continúa, sin que se haya revertido. La ONU no inventó nada, constató la realidad del presente, que no es herencia del pasado”, aseveró.
En entrevista, Sofía de Robina, abogada del Centro Prodh, reconoció que sin duda en la administración del ex presidente Felipe Calderón la estrategia de seguridad militarizada “generó una serie de violaciones a derechos humanos”, pero que se mantengan este modelo y la impunidad ha generado que en gran medida este flagelo continúe y, por lo tanto, sea problema del gobierno actual.
Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, consideró que el informe del comité de la ONU “no es un ataque al gobierno federal, pues se reconoce que es un fenómeno que viene de otros sexenios, pero éste no se resolverá si no hay una política pública integral en la que participen todos los gobiernos, federal y estatales, así como otras autoridades involucradas, entre ellas las fiscalías locales”.
Expuso que si bien el Presidente señala que en su gobierno “ya no hay orden de violar derechos humanos, esto no se trata de una orden, sino de una cultura institucional” y de lucha y combate contra la impunidad.