Ciudad de México. La presencia de grupos de presión en favor de intereses privados es una práctica normalizada, pero apenas regulada en el Legislativo. Cámaras empresariales, consultoras, ex políticos y servidores públicos se dedican a la promoción de la agenda de privados en la Cámara de Diputados, 63 de ellos con interés específico en temas energéticos.

Más allá de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE) –que, entre otras, se integra por Enel, Naturgy, Sempra y la filial de Energía de Grupo México–, cámaras industriales, así como despachos dedicados exclusivamente al cabildeo están apostados en San Lázaro con el objetivo de convencer a legisladores para avanzar una regulación en favor de intereses que no son del todo transparentados.

La regulación mínima que hay sobre los grupos de presión en la Cámara de Diputados se ciñe a un padrón de cabilderos, cuya actualización es semestral. En su versión más reciente cuenta con 271 registros entre personas morales –que pueden ser empresas o asociaciones civiles– y personas físicas, ninguna bajo el nombre de Paolo Salerno, o su firma Salerno & Asociados.

En medio del debate sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, resurgió el papel de los cabilderos en los debates legislativos. Paolo Salerno, quien entre otras cosas se presenta como coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana en México, fue evidenciado sentado en una curul junto a la diputada Edna Díaz.

El reglamento de la Cámara de Diputados esboza cierta regulación sobre los cabilderos en sus artículos del 263 al 268. Acota que pueden haber 20 por cada comisión y dos por cada persona moral. No ahonda en más requisitos, más allá de una solicitud de inscripción. Aunque sí prohíbe a diputados y personal de apoyo recibir de ellos “dádivas o pagos en efectivo, en especie, o cualquier otro tipo de beneficio de cualquier naturaleza (…) para influir ilícitamente en las decisiones”.

Además de empresas directamente enfocadas a los temas energéticos, como la AMEE, que se forma de firmas nacionales y extranjeras cuya participación en el sector eléctrico es pública; Energía San Pedro, proyecto de generación propia de energía lanzado durante 2009 en Nuevo León; Galca Energy o la Onexpo Nacional, asociaciones de empresarios de la industria de hidrocarburos líquidos más grande de México; otras figuras buscan hacer cabildeo en el sector de energía.

Entre ellas la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la Cámara Nacional del Cemento, Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, el Consejo Nacional de la industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, por mencionar algunas.

Sin embargo, entre las firmas dedicadas expresamente a vender “el convencimiento y la negociación con legisladores” y que también se presentan interesadas por los temas de energía, destacan Asesoría Estratégica Total, una firma en la que Fernando Lerdo de Tejada Luna, quien fuera vocero del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, es socio y director general; mientras el ex diputado Eduardo Escobedo, quien fue subdirector de Industria Paraestatal de Transformación en la Secretaría de Energía cuando ésta se llamaba “Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (1982 a 1994), es director.

Lo mismo Consultoría y Análisis GEP, que tiene entre sus socios a María Teresa Gómez Mont, cuyos vínculos con el Partido Acción Nacional son heredados. Además de haber sido diputada por ese partido, es hermana de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación cuando Felipe Calderón ocupó la Presidencia. En la misma firma de cabildeo también se encuentra Gustavo Almaraz Montaño, ex senador, así como integrante miembro del Comité Especial para la Negociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina y en su momento director de la Asociación Mexicana de Parques Industriales.