Nueva York. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de reformar el sector energético de México, casi todos los llamados think tanks (laboratorios de ideas) más influyentes en los circuitos políticos y empresariales de Washington y Nueva York han criticado su propuesta, nutrido a la oposición binacional contra la medida y promovido expresiones contra la reforma en la cúpula política y económica estadunidense.

El notable consenso ha sido expresado abierta y públicamente en foros, artículos de opinión, investigaciones especializadas, así como en reuniones y sesiones con legisladores y otros funcionarios públicos durante meses.

Las críticas tienen los mismos ejes: la iniciativa es “una contrarreforma” que busca reestatizar el sector energético, restando “competitividad” y crecimiento a su economía; que las medidas implican un revés en el desarrollo del energías renovables y con ello dificultarán el cumplimiento de los objetivos para mitigar el cambio climatico; que México se volverá menos atractivo para la inversión extranjera; y que la reforma implica posibles violaciones al tratado de libre comercio (T-MEC) porque, entre otras cosas, establece que los países socios de América del Norte no deben favorecer empresas domésticas a expensas de inversionistas extranjeros al establecer la “competencia justa”.

Las advertencias de litigios y controversias legales que podría detonar la puesta en marcha de la reforma energética en México por los expertos en estos centros de análisis político y económico son las mismas que han expresado los altos funcionarios del gobierno de Biden e influyentes legisladores de ambos partidos en semanas recientes.

La misma cifra para todos

El gobierno de Biden, según su representante de comercio Katherine Tai, calcula que la reforma pone en riesgo hasta 10 mil millones en inversiones estadunidenses en México, mucha de la cual está en instalaciones de energía renovable, cifra citada ahora por todos los especialistas.

Un buen ejemplo de estos análisis es uno publicado por el influyente Brookings Institution de la profesora Meghan O’Sullivan, de la Universidad de Harvard, en febrero pasado, que incluye los argumentos legales, ambientales y económicos de la reforma y advirtiendo que ésta dañaría los esfuerzos para lograr una región norteamericana, y que “las implicaciones de esta ‘contrarreforma’ constitucional, si es exitosa, son serias y amplias y van mucho más allá de la arena doméstica de México”.

Concluye: “los gobiernos estadunidense y canadiense tienen tanto las razones como la responsabilidad de oponerse” a la reforma y subraya que “la diplomacia de Washington y Ottawa” debería enfocarse ahora en la legislatura mexicana, ya que “las implicaciones para la prosperidad, competitividad y el clima están en juego”.

Proteger intereses de EU

En el Atlantic Council, David Goldwyn y Neil Robert Brown del Global Energy Center de ese centro, afirmaron en noviembre de 2021 que las medidas sobre energía promovidas por López Obrador “son contrarias a la ley mexicana y a acuerdos internacionales de comercio que están causando amplio daño económico y tensando la relación transfronteriza de manera innecesaria”. Ante ello, instan a Biden a “proteger intereses estadunidenses y los compromisos del T-MEC”.

El Wilson Center, otro de los centros de análisis y foros sobre políticas más influyentes en Washington, organizó un foro que, sin ocultar su posición institucional (a pesar que se define como una organización “no partidista”), tituló “Reforma energética sí, pero ésta no”. Convocados por su Instituto México junto con Mexico Evalúa y el Baker Institute, los ponentes expresaron las mismas críticas sobre las implicaciones negativas para la “eficiencia” del sector, daños a la “competitividad” económica, los supuestos reveses ambientales de la reforma, y cuestiones sobre el cumplimiento de las obligaciones del T-MEC.

El Consejo de las Americas/Americas Society ha publicado artículos en su revista Americas Quarterly de opositores a la reforma, por ejemplo Ana Lilia Moreno de México Evalúa, repitiendo los argumentos sobre las consecuencias económicas, ambientales, legales y comerciales de la reforma, un guion compartido por estos centros de política.

El poderoso Council on Foreign Relations expresa su posición por conducto de su experta en México, Shannon O’Neil, quien ha advertido que las “fantasías anacrónicas” de la reforma resultarán en “energía más cara y menos confiable, minará acuerdos de libre comercio y protecciones para inversionistas internacionales y pondrá a México en un camino insostenible sobre el clima”.

El Diálogo Interamericano, en su publicación Energy Advisor, publicó seis perspectivas sobre las implicaciones de la reforma energética, todas usando los mismos argumentos que los otros centros, por ejemplo el de la asesora Pamela Starr, quien proclamó que la reforma “minará la generación de energía renovable, dañará los intereses de inversionistas y llevará a carencias en suministro eléctrico”.

La influencia de estos laboratorios de pensamiento se comprueba no sólo al formular los argumentos políticos, sino hasta a veces el mismo guion textual. Por ejemplo, en la carta enviada al canciller estadunidense Antony Blinken y a la secretaria de Energía Jennifer Granholm por cuatro influyentes senadores en enero solicitando que expresen sus críticas por el impacto negativo de la reforma en inversiones, medio ambiente y T-MEC, se incluyeron frases casi idénticas a las expresada por los expertos del Atlantic Council y otros.

Tal vez lo más notable por su ausencia en los foros y publicaciones de estos centros son las voces y perspectivas del gobierno mexicano y otros que promueven la reforma energética.