Bogotá. Pobladores, organizaciones de derechos humanos, medios, ejército y gobierno de Colombia difieren en sus versiones sobre una operación militar en la frontera con Perú y Ecuador donde, según denuncias, murieron civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate.

A la espera de la investigación que adelanta la fiscalía, se acumulan los interrogantes sobre esta incursión militar en el sureño municipio de Puerto Leguízamo que dejó 11 muertos y cuatro heridos el 28 de marzo.

Según la estatal Defensoría del Pueblo y autoridades indígenas, entre los fallecidos podría haber al menos cuatro civiles: un menor de edad, un gobernador del pueblo originario kichwa, un líder comunitario y su esposa embarazada.

Para el gobierno del presidente Iván Duque los fallecidos eran rebeldes disidentes de la ex guerilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o colaboradores de esta organización que cayeron en una acción “legítima”.

La Organización de Derechos Humanos se solidarizó con los familiares de las víctimas y pidió una investigación, lo mismo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también pidió evitar “la estigmatización de las víctimas”.

La mañana de ese lunes, los soldados entraron al caserío donde se celebraba una feria que había comenzado el sábado y a la que asistieron cientos de personas. Lo que pasó después es confuso.

El general Juan Carlos Correa, comandante del operativo, defendió la acción. Dijo que los muertos y heridos que dejaron “más de dos horas de combate intenso” son “presuntos miembros de esta estructura criminal o participaron de manera activa en una acción hostil” en la que un soldado recibió un disparo.

La operación removió las heridas de los “falsos positivos”, como se conoce al mayor escándalo de las fuerzas militares de Colombia en el que unos 6 mil 400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008.

Una alianza de medios de comunicación viajó al caserío a orillas del río Putumayo para recoger testimonios. Según Cambio, El Espectador y Vorágine, el último día de la feria hombres “vestidos de negro y sin insignias”, que se identificaron como guerrilleros, entraron al pueblo.

“A las siete de la mañana, hora en que coinciden los borrachos amanecidos y los niños recién despiertos, sonaron los primeros disparos de fusil”, describió Cambio.

Aunque en un principio Correa aseguró que en la zona “no había ninguna actividad (social), ni bazar”, esta semana reconoció la existencia de “un bazar cocalero”, pero aseguró que, al comenzar la ofensiva, “no había población civil”.

La acción militar dejó cuatro civiles heridos, ninguna captura y el decomiso de seis armas de fuego.

El portal Cambio denunció que soldados “manipularon” los cadáveres, “los movieron de los lugares donde cayeron y les pusieron armas de fuego y prendas militares”, versión que el ejército niega.