Ciudad de México. Tras hacer una revisión de su propia Recomendación 15VG/2018 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que con su investigación este organismo se convirtió “en la repetición del discurso oficial: criminalizó, estigmatizó y revictimizó, en lugar de defender los derechos humanos de las víctimas y sus familiares”.

Destacó que la Oficina Especial para el Caso Iguala, a cargo de José Trinidad Larrieta, trabajó bajo secrecía y fragmentación de la información, los dictámenes u opiniones técnicas que emitió “fueron realizados en gabinete”, sin salir a campo, e hizo un análisis de las pruebas con enfoque ministerial, “tendiente a corroborar conductas delictivas más que las violaciones los derechos humanos”.

El análisis de las pruebas se hizo “desde la visión de persecución criminal realizando afirmaciones diversas” con las cuales se buscó corroborar la hipótesis de destino final de los normalistas en el basurero de Cocula. en el que se basa la llamada verdad histórica, aseveró en el informe de la Recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días.

Además, la CNDH, que en ese momento encabezaba Luis Raúl González Pérez, no consideró en su totalidad todos los elementos contextuales que pudieron haber tenido influencia para que se suscitara la agresión en contra de los estudiantes, tales como la confrontación entre estos y las autoridades por sus actos de protesta y reclamo social.

La Comisión a cargo de Rosario Piedra Ibarra agregó que si bien en la Recomendación en múltiples ocasiones, se hace referencia al “Informe Pericial sobre la Incineración en el Vertedero de Cocula”, presuntamente elaborado por la CNDH con la participación de un equipo interdisciplinario; “no fue posible su identificación para el correspondiente análisis. Por lo que, no se tiene certeza de las actividades desarrolladas para la elaboración de éste”.

Además, se obvió el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas en los hechos, y la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas.

Expuso que aunque en su recomendación la CNDH hizo hincapié en el hecho de que diversas autoridades estatales y federales tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo con los normalistas desde las 21:50 horas del 26 de septiembre de 2014, no emitió un pronunciamiento “de manera concisa” .

El análisis del contexto se utilizó para criminalizar y estigmatizar a los estudiantes y la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sostuvo.

El Informe también plantea una serie de acciones para subsanar las deficiencias u omisiones que en su momento se cometieron, entre ellas una disculpa pública realizada en un acto formal en el que se reconozca por parte del Estado y de las instituciones involucradas el impacto causado con su actuar, y dar parte al Órgano Interno de Control para investigar y fincar las responsabilidades administrativas y penales derivado de las actuaciones de la citada Oficina, pues se alejan del mandato constitucional que tiene la CNDH.

Cabe señalar que según la Comisión, la cadena de mando y los resultados de las actuaciones que tuvo la Oficina Especial para el caso Iguala eran del conocimiento pleno del ombudsperson titular González Pérez.