Ciudad de México. El socio mayoritario de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, fue vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal equiparable, al haber consignado en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2013, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.
El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur encontró que había elementos suficientes como para someterlo a juicio y ordenó que el empresario permanezca en prisión preventiva justificada, durante los tres meses que se fijaron para la investigación complementaria.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, judicializó el caso, el cual consta que el indiciado defraudó a cientos de ahorradores, personas físicas y morales, que aportaron sus recursos, los cuales Olvera trianguló a varias sociedades anónimas de su propiedad, lo que provocó la quiebra de esta sociedad financiera popular.
Además de este caso, la FGR también obtuvo otros cuatro autos de formal prisión contra Olvera.
El primero, dictado por el juez séptimo de distrito en procesos penales federales del primer circuito por la probable responsabilidad en la simulación de operaciones que resultaron en perjuicio de FICREA y por adquirir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procedían de actividades ilícitas.
El segundo, del juez primero de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México, por presuntamente intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de FICREA.
En tercer lugar, el dictado por mismo juez por otra causa penal abierta por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (por probablemente haber transferido recursos del territorio nacional al extranjero) y por el delito de delincuencia organizada.
Finalmente, otro dictado el 6 de abril pasado por el juez tercero de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, por la omisión del registro de las operaciones efectuadas por FICREA en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que alteraron los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, afectando la composición de activos y pasivos.