Ciudad de México. En su informe final sobre su visita oficial al país, el Comité de Desaparición Forzada (CDF) de Naciones Unidas sostiene que “la delincuencia organizada es el perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos”. El organismo recomendó apostar por una política preventiva para enfrentar la causas estructurales de este delito y exhortó al gobierno mexicano “a abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública”.

El CDF lamentó la “alarmante impunidad”, según definió Carmen Rosa Villa, jefa de la misión que visitó México en noviembre, por lo que en las 85 recomendaciones al Estado mexicano destaca su exhorto a que el “Estado parte erradique todas las causas estructurales de la impunidad. El conjunto de instituciones del Sistema de administración de justicia debe poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan la desaparición forzada como paradigma de crimen perfecto”. Sólo hay 36 sentencias sobre desapariciones forzadas, la “impunidad es un rasgo estructural”.

Durante la presentación en Ginebra, detalló que hay evidencia de “la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, enfatiza en que el enfoque militarizado ha continuado en la actual administración con la creación de la Guardia Nacional apuntalada con militares, lo que contrasta con las 162 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigidas a las fuerzas armadas.

“Es fundamental que el Estado ponga especial atención en estructurar una Guardia Nacional civil, que “permita de acuerdo a información de la CNDH ir superando la actuación o violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas armadas”, expuso la jefa de la misión.

En su documento, el CDF “saluda los importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales que se han dado”. De acuerdo a los reportes gubernamentales, “en los pasados dos años se ha producido una reducción en el número de personas desaparecidos”, aunque el comité acota que frecuentemente estas desapariciones se reportan uno o dos años después, por lo cual aún no se pueden extraer conclusiones.

Las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años aunque hay reportes de un incremento de desaparición de niños y adolescentes. En los casos de sustracción de mujeres menores, con frecuencia se asocia a ocultar violencia sexual o con el objetivo de trata y explotación sexual.

“El comité reitera su profunda preocupación porque se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización (…) La gravedad de las desapariciones, la diversidad e intensidad de sus impactos para las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto requieren de la adopción e implementación urgente de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.

Si bien destaca la construcción de un marco legal e institucional como acciones importantes del Estado mexicano, destaca la inoperancia que en muchos casos se ha tenido, subrayando, entre otros aspectos, la reducción del presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda del 29 al 12 por ciento en sus gastos de operación en 2021. Lamentó la desigual construcción de estas instancias a nivel estatal, algunas de las cuales tienen un carácter “unipersonal”.

El CDF considera el desempeño de las fiscalías (incluida la General de la República) como un factor de debilidad en la lucha contra la desaparición y factor importante en la crisis forense que impide el reconocimiento de los 52 mil cadáveres que se encuentran en crisis forense.

Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas. Las entidades de Baja California, Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran 71.73 por ciento de los cuerpos no identificados.

El comité lamenta que cuatro años después de la adopción de la ley general, sólo algunas entidades cuentan con fiscalías especializadas (Coahuila, Guerrero, estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz).