Nueva York. Durante 2021 hubo reportes creíbles sobre asesinatos ilegales o arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y arrestos arbitrarios cometidos por fuerzas de seguridad del gobierno y la impunidad prevaleció para todos los delitos, incluyendo abusos de derechos humanos y casos de corrupción, resumió el capítulo dedicado a México en el informe anual sobre derechos humanos en 198 países y territorios elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe, oficialmente llamando Reporte por país sobre prácticas de derechos humanos 2021, incluye un extenso capítulo sobre México, en el cual también detalla casos de violencia generada por el crimen organizado y narcotraficantes, actos violentos y amenazas contra periodistas, violencia de género, crímenes violentos y amenazas contra las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer, todos los cuales son insuficientemente investigados por las autoridades.
“El gobierno investigó y procedió penalmente contra algunos de estos delitos, pero la vasta mayoría permaneció sin investigación y proceso penal”, afirma. Más aún, “algunos agentes del gobierno eran cómplices con bandas del crimen organizado internacional, y la tasa de fiscalización y condena de estos abusos fue baja”, agrega el reporte.
“Las desapariciones permanecen como un problema persistente por todo el país, especialmente en zonas con altos niveles de violencia por cárteles y bandas… a veces con alegaciones de colusión de autoridades estatales”. Al mismo tiempo, el informe aborda importantes avances para los casos abrumadores de desaparecidos, como arrestos de algunos militares e integrantes de la Guardia Nacional.
Sobre los 43 normalistas de Ayot-zinapa, el documento señala avances, como que la unidad especial había realizado arrestos de más de 80 sospechosos, incluido un capitán del Ejército y varios policías municipales, así como la petición para extraditar a Tomás Zerón, entre otros esfuerzos. Sin embargo, a pesar de esto, a partir de septiembre de 2021 no había nadie condenado por la desaparición de los estudiantes.
Subraya que activistas de derechos humanos y ambientalistas, sobre todo de comunidades indígenas, son víctimas de violencia.
En torno a la tortura, el informe cita datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de que entre enero y agosto de 2021 se registraron 26 quejas de tortura y 123 por detención arbitraria, la mayoría en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y las fuerzas armadas. También habían decenas de quejas más contra fuerzas de seguridad por “trato cruel, inhumano o degradante”.
Medios y libertad de expresión
Sobre libertad de expresión en México, el documento resalta la violencia y amenazas del crimen organizado contra periodistas, incluidos los homicidios de dos corresponsales de La Jornada. Indica que un juez condenó a 32 años de prisión a Juan Francisco Picos Barrueto por el asesinato de Javier Valdez, y que el ex alcalde de Chinipas, Chihuahua, fue condenado a ocho años de cárcel por su papel en el caso de Miroslava Breach; recordó que en 2020 al autor material de este crimen le dieron 50 años de prisión.
Añade que periodistas fueron asesinados o padecieron ataques físicos y cibernéticos en respuesta a su labor y que, como resultado de altos niveles de impunidad, hubo mayor autocensura y una reducción de la libertad de expresión en el país.
Según cifras de la Secretaría de Gobernación, entre 2015 y 2020 se registraron mil 52 ataques verbales y físicos contra periodistas, con 41 por ciento de éstos atribuidos a funcionarios públicos.
El informe añade que según Google Report, Google recibió 24 solicitudes de autoridades mexicanas –13 de la policía, ocho de funcionarios y tres de fuentes no especificadas– en 2020 para anular contenido en Internet bajo argumentos de difamación, el número más alto de solicitudes desde 2014.
A la vez, destaca que periodistas reciben amenazas en redes sociales, y que algunos “que hicieron preguntas difíciles a funcionarios del gobierno en eventos de prensa recibieron ataques vía Twitter”.
En torno a la corrupción, el informe reporta arrestos de varios funcionarios públicos, como el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval, el caso de César Duarte y el de Emilio Lozoya.
El documento considera que México coopera con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y que su gobierno no interfiere en los medios ni en los ámbitos académicos y culturales.
Sobre derechos laborales, subraya avances sobre todo en la implementación de la reforma de 2019. “El gobierno continuó con sus esfuerzos para fortalecer las protecciones de libertad de asociación, promoción de la democracia sindical y mejorar la capacidad de los trabajadores para negociar de manera colectiva”. [El capítulo sobre México: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/mexico/].
El mundo
Al presentar el informe anual, el secretario de Estado Antony Blinken recordó que este documento se elabora bajo el principio de que los derechos humanos “son universales”, y que Estados Unidos también debe rendir cuentas a estas mismas normas.
Advirtió que en varias partes del mundo –incluidas Rusia y China– los gobiernos se han vuelto más represivos y continúa “una recesión alarmante de la democracia”. Asimismo, resaltó gobiernos que están encarcelando a sus críticos, como Cuba, Egipto y Rusia, al informar que hay más de un millón de prisioneros políticos en 65 países.
A la vez, lamentó una “erosión seria” de derechos humanos en Afganistán (sin comentar sobre la guerra contra ese país), entre otras naciones, y consideró que entre lo poco positivo en este panorama está la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la semana pasada.
