El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas presentó ayer su informe final sobre la visita que realizó a nuestro país en noviembre pasado. La jefa de este organismo, Carmen Rosa Villa, destacó que la delincuencia organizada “se ha convertido en un perpetrador central de las desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos”, por lo que emplazó a las autoridades a poner fin a la impunidad tan elevada, pues “opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa de prevenir la comisión de este delito”.
Aunque Rosa Villa reconoce la amplia colaboración del gobierno mexicano para la visita de dicho comité –primera que realiza esta instancia a un país desde su creación en 2010–, también remarca que la “alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta”, y emite 10 recomendaciones para avanzar en el combate a estas problemáticas, las cuales se desglosan en una serie de acciones particulares. Entre las indicaciones se encuentran el fortalecimiento de las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda; garantizar la coordinación sistemática de las instituciones para enfrentar este fenómeno; remover obstáculos para judicializar casos de desaparición forzada; atender la crisis forense que plantea el registro de 52 mil cadáveres sin identificar; facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial, además de registrar estrategias eficientes de prevención y erradicación de la desaparición forzada.
En respuesta a dicho informe, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores realizaron una declaración conjunta en la cual sostuvieron que el gobierno recibe las recomendaciones “respetuosamente, con el compromiso de implementarlas de buena fe”, e informaron que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la primera se encargará de trabajar en una estrategia de atención a los señalamientos del comité. Para estas dependencias, “la visita fue muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional”.
Ciertamente, las desapariciones forzadas son uno de los mayores pendientes del Estado mexicano y un drama indescriptible para miles de familias que durante meses, años e incluso décadas han afrontado la zozobra de desconocer el paradero de sus seres queridos. Asimismo, es innegable que los exasperantes niveles de impunidad se relacionan, en buen número de los casos, con la indolencia o la corrupción de corporaciones policiales, fiscales, ministerios públicos o jueces que, o no entienden la naturaleza del servicio público, o se encuentran cooptados por el crimen organizado y por ello se comportan de manera omisa o cómplice ante un flagelo que debería llevarlos a actuar con la máxima diligencia.
En estas circunstancias, la colaboración entre las autoridades federales y Naciones Unidas abre una esperanza de avanzar tanto en la resolución de los casos existentes como en la prevención de este ilícito. Cabe esperar que el diálogo abierto se muestre fructífero y que de él derive una contribución efectiva para cerrar esta herida en la sociedad mexicana.
El entendimiento con el comité también muestra que en México existe la voluntad de cooperar con organismos internacionales cuando éstos se conducen con respeto a la soberanía nacional y bajo cauces institucionales. Es inevitable contrastar este vínculo con las lamentables actuaciones del Parlamento Europeo, el gobierno de Estados Unidos y algunas organizaciones no gubernamentales financiadas por éste, en torno a la violencia contra comunicadores, todas las cuales se condujeron no como coadyuvantes en la resolución de un problema sin duda preocupante, sino como agentes injerencistas con propósitos de golpeteo político.
