Guadalajara, Jal. La niña purépecha de 4 años Alondra fue entregada este miércoles a su familia materna luego de permanecer institucionalizada desde el 8 de febrero en la Casa Hogar Cabañas, después que fue sustraída al parecer por familiares paternos y entregada a la custodia estatal bajo la acusación de que la pequeña era víctima de abuso sexual.

La madre María de Jesús Alemán Nusi, la abuela María del Socorro Nusi Torres y el abuelo Rogelio Alemán Torres la dieron por desaparecida hasta que un mes después de que les fue arrebatada en la vía pública, les informaron que la menor estaba institucionalizada en el Cabañas.

Comenzó entonces la lucha de los tres indígenas que mal hablan español para lograr que regresaran a la niña, a quien llevaban al kínder y cuya maestra -quien el mes pasado participó en una manifestación a las afueras de la casa hogar para exigir que dejaran salir a la menor- describió como muy atenta y participativa, siempre bien aseada y alimentada.

Gabriela Juárez, quien trabaja en la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas en la Universidad de Guadalajara y ha brindado acompañamiento a la familia materna, considera que se cometieron diversos excesos por las autoridades al separar a una pequeña de su madre y abuela, en especial en núcleos tan matriarcales como los purépechas, cuando una investigación pronta y con perspectiva habría evitado prolongar dicha separación.

“El Ministerio Público se excedió en haber institucionalizado a la niña, sin tener mayor fundamento en los medios de prueba. Por una parte hay ineficiencia de la fiscalías que albergan a la niñez, sin tener una investigación sólida de por medio estaban recomendando entregar a la niña a su familia paterna pero ya, de urgencia, cuando ni siquiera tenían conocimiento en donde estaba estaba la niña”.

Juárez dijo que no hubo una investigación hacia el supuesto violador y se pregunta por qué quienes se llevaron a la niña no fueron por el responsable del supuesto abuso sexual, mientras sin perspectiva de infancia y menos de pueblos originarios, el sistema toma decisiones como institucionalizar “a la ligera”, lo que provoca daños de difícil reparación emocional y psicológica.

A eso se refirió otra activista que dio acompañamiento al caso de Alondra, la también miembro de la comunidad purépecha en el área metropolitana de Guadalajara, Esperanza Pérez Ruiz, quien dijo que desde siempre ha pedido que haya un traductor y de ser necesario un asistente jurídico “porque muchas de las veces no se saben explicar y otras, aunque medio hablen español, no entienden todo”.

La niña regresó contenta con sus familiares la tarde de este miércoles, quienes la recibieron con grandes muestras de cariño y haciendo planes para estas vacaciones de primavera.

La directora de la casa hogar Cabañas, Rebeca Melgar, pese al tiempo transcurrido en finalmente dar la razón a quienes desde un principio la merecían, les dijo a los familiares que se trató de un proceso “rápido, sencillo, ameno (sic) para todos los actores” y justificó que pasó ese tiempo porque “tenemos que seguir un protocolo, una situación jurídica, pero enhorabuena, deseo que formen a esa pequeñita”.