Madrid. Hace dos semanas el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, envió a la Unión Europea (UE) el plan conjunto elaborado con Portugal para mitigar el aumento del precio de la electricidad en el mercado ibérico, que ha llegado a alcanzar cotas inéditas de hasta 700 euros el megavatio hora (MWh), provocando un aumento dramático de la pobreza energética. Pero el plan de rescate, presentado con bombo y platillo, está paralizado en el centro de decisiones europeo ante las reticencias, las trabas y los obstáculos que están presentando las multinacionales del sector eléctrico, sobre todo Iberdrola y la italiana Enel, que se han aliado para alegar que asumir estas medidas supondrían una vulneración al derecho a la competencia y a las propias normativas de comercio fijadas en la legislación comunitaria.
El pasado 27 de marzo, el presidente Pedro Sánchez volvió triunfalista a Madrid después de haber conseguido un acuerdo en el seno de la UE que calificó de “histórico” y que permitiría al mercado ibérico de la electricidad poner freno al aumento desmedido del precio de la luz. Dos días después enviaron a las instituciones europeas su plan de rescate, que consistió en poner un tope máximo al precio de gas –el que estaba alterando finalmente el precio de la electricidad– y así no alterar las fluctuaciones del mercado marginalista. A ese acuerdo le llamaron la “excepción ibérica”, que permitía a ambos países limitar el precio de las ofertas de la generación de electricidad con gas (ciclos combinados) en el mercado mayorista, de manera que el precio marginal baje para el resto de energías (nuclear, hidráulica y renovables) y, con ello, el precio final de la luz.
Para que este descienda hasta el entorno de los 100 euros MWh, los gobiernos español y portugués piden un tope de 30 euros MWh al gas, un listón bajo para dar margen a la negociación que durará este mes.
Pero dos semanas después, y con la luz en plena escalada ascendente después de haber vivido unas jornadas de tregua, la aprobación de la medida está atascada en el seno de la Comisión Europea, sobre todo por las maniobras ejercidas por dos de las grandes eléctricas europeas, Iberdrola y Enel, que se niegan a hipotecar sus beneficios y a “cambiar las reglas del juego” sin previo aviso.
La más beligerante en obstaculizar la puesta en vigor de la medida ha sido Iberdrola, con su presidente, Ignacio Sánchez Galán a la cabeza, quien reconoció públicamente que no son partidarios de asumir esa reducción del precio. Y que fue refrendada ayer mismo por la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), Marina Serrano, quien afirmó que “esta guerra ha demostrado la debilidad europea en materia energética y, aunque hay que tomar medidas que ayuden a rebajar el precio de la factura, exigió que no se alteren las reglas de la fijación del precio en el mercado eléctrico, ya que puede tener consecuencias negativas a largo plazo”.
El resto de las eléctricas representadas en AELEC piensan solicitar una “compensación” al gobierno español “por la diferencia entre el precio marcado, en este caso 30 euros, que es un precio bajo y el precio que cuesta en los mercados”. Pues, señalan desde las multinacionles: ¿Quién afronta esa compensación? Pues eso supone una introducción de un costo que no se sabe quién va a pagar”.
