La inmobiliaria GDC Desarrollos, dirigida por el hijo del ex procurador general de Justicia Ignacio Morales Lechuga, solicitó la publicitación vecinal para construir una torre de seis pisos con 76 departamentos de lujo, en un predio ubicado en la calle Coahuila 28, que fue expropiado en 1985 para vivienda social y presenta una falla geológica, denunciaron vecinos.

El pasado 3 de marzo, el primer tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México declaró ilegales las autorizaciones emitidas por la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Néstor Núñez, para el proyecto Único Roma y ordenó suspender los trabajos.

La suspensión se dio luego de año y medio de denuncias ante diversas autoridades capitalinas, por la “colocación de una falsa lona con datos del proyecto y la interposición de amparos”, explicaron Arturo Aparicio, Sergio González y Édgar Avilés.

Aparicio, quien es el abogado del caso, explicó que en dicha publicitación, el constructor avisa a los vecinos qué obra se desarrollará y les da el derecho a consultar el expediente y denunciar anomalías o afectaciones que pudieran registrarse por la demolición, construcción o protección de colindancias.

Los trabajos de cimentación, realizados con los permisos irregulares obtenidos, derivaron en daños a un predio catalogado, ubicado en la calle Mérida 245, donde la dueña llegó a un acuerdo con la constructora, y está levemente inclinado el edificio de Coahuila 30.

Hoy, dijo, se está a la espera del resultado del estudio realizado por el Instituto de Seguridad en las Construcciones hace un año, ante la existencia de una falla geológica en el predio y que representa un alto riesgo en una zona altamente sísmica, como la Roma.

Solicitó a las “las autoridades que expliquen por qué se autorizó la construcción de departamentos de lujo en un lugar destinado para vivienda social, cuyas escrituras las hizo el ex procurador capitalino, quien cae en un conflicto de intereses, porque su hijo Santiago es director de la misma”; y propuso suspender de 15 a 20 años la entrega de autorizaciones a constructoras que los hayan obtenido irregularmente.