Mil 423 niños y niñas de los 2 mil 305 que trabajaban en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en la vía pública dejaron de hacerlo, luego de que a sus familias se les brindaron distintos apoyos del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos, educación, becas escolares, alimentación y atención médica.

La directora general del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Esthela Damián Peralta, detalló que de los 882 que se mantienen laborando, 159 lo hacen en el Metro y 723 en las calles, ya sea como acompañantes, pedigüeños, vendiendo o dedicados a la música. De ellos, 65 por ciento tienen hasta 12 años; el resto, tienen entre 13 y 17 años de edad.

Comentó que no se ha logrado reducir aún más esas cifras del trabajo infantil debido a que hay población flotante que viene de otras entidades, como el estado de México, Oaxaca y Chiapas, lo que dificulta el convencimiento a las familias, porque no se pueden hacer las visitas domiciliarias y se debe recurrir a las instancias correspondientes de los lugares de origen.

Damián Peralta destacó que se han iniciado 64 carpetas de investigación en la Fiscalía capitalina por delitos como trata de personas, lesiones, omisión de cuidados, entre otros, pero aclaró que no se ha detectado que haya un vínculo con la delincuencia organizada.

La estrategia de atención al trabajo infantil –añadió– se inició en agosto de 2020 en el Sistema de Transporte Colectivo, donde se localizó a 752 infantes que laboraban, sobre todo, en la línea 2, y en enero de 2021 en la vía pública, donde se identificaron mil 553, en particular en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

La funcionaria explicó que cuando se detecta a un menor de edad trabajando se hace una intervención de un equipo multidisciplinario que, en principio, identifica si están en algún tipo de riesgo, y posteriormente se les ofrece un taller de buena confianza, se les otorgan programas sociales y servicios y se da seguimiento a la familia.

En caso de detectarse algún probable delito, se hace el traslado del menor al Ministerio Público, se valora a la familia de acogida extensa o ajena, se otorgan programas sociales y se da seguimiento a cada caso.

“Cuando nosotros detectamos extrema pobreza, hablamos con la familia y le explicamos que va a formar parte de esta estrategia, pero que nosotros requerimos su compromiso para que ya no lleve a la niña o al niño al trabajo de calle, y en ese momento se comprueba que el niño está estudiando y está en buenas condiciones de salud”, expuso.