La aprobación de proyectos del presupuesto participativo por las alcaldías ha generado diversas inconformidades, las cuales han llevado a vecinos a interponer medios de impugnación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM).
En la alcaldía Tlalpan se impugnó un proyecto en la colonia Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Coapa que busca la construcción de un paso peatonal de concreto y que implica la tala de árboles con la justificación de que “todos tienen plaga”, lo cual, relataron los promoventes, es falso.
“Es evidente que no se hizo un estudio de campo, porque es completamente inviable, no todos los árboles tienen plaga, no hay pruebas de eso, (...). Muchos de esos árboles tienen más de 40 años y siguen con su función de fotosíntesis”.
En San Juan Tepepan, Xochimilco, se impugnó un proyecto que implica única y exclusivamente el rencarpetado del fraccionamiento Misiones de la Noria, que es cerrado al público, por lo que los inconformes consideraron que el recurso no tendría un impacto significativo para el resto de la ciudadanía.
Para los colonos, la alcaldía a cargo de José Carlos Acosta ha sido omisa en realizar los trabajos de mejoramiento en la unidad habitacional, por lo que debe ser atendida de manera específica y no a costa del presupuesto participativo que busca beneficiar a más personas.
En tanto, vecinos de la alcaldía Benito Juárez preparan la impugnación por la aprobación de proyectos para la compra de patrullas y contratación de policías.
De acuerdo con el artículo 117 de la ley de participación ciudadana, los recursos del presupuesto participativo se pueden ejercer a través de todos los capítulos de gasto, excepto el 1000, que corresponde a servicios personales, y mediante el cual se pretenden realizar las contrataciones del personal de seguridad.
Pese a que cuatro especialistas del Instituto Electoral de la Ciudad de México firmaron para negar la viabilidad de la propuesta, con cinco votos a favor de funcionarios y representantes de la alcaldía fue avalada, entre ellos por el titular del órgano dictaminador, Rubén Ramírez, y la concejala de Acción Nacional, María Alejandra Reyes Shields.