Este martes se expusieron los argumentos orales ante una corte federal de Massachusetts, Estados Unidos, como parte de la demanda que el gobierno de México presentó en agosto del año pasado contra empresas armeras estadundienses a las que acusa de negligencia en su comercialización, lo que permite que miles de armas se trafiquen cada año a nuestro país y terminen en poder del crimen organizado.

En la audiencia, esta mañana, el juez F. Dennis Saylor dijo a los representantes legales de ambas partes que hoy no emitiría una posición o resolución; aunque cuestionó si permitir que la demanda de México trascendiera puede abrir la puerta para que otras naciones los demanden, incluida Rusia, por el tipo de arsenal usado por los ucranios en el conflicto en aquella zona.

Horas más tarde, en una conferencia de prensa remota desde la embajada de México en Washington, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, detalló que ante esa pregunta del juzgador, los representantes de la parte mexicana respondieron que las circunstancias de este litigio son particulares de México en relación con las empresas demandadas.

El juez tomará varias semanas para analizar, leer y revisar todos los documentos y demás alegatos presentados por las dos partes, para después decidir si da o no entrada para que el proceso judicial avance a la siguiente etapa: la presentación de elementos de prueba.

El juez Saylor preguntó si México podía demandar a los fabricantes de armas, por qué no podrían hacerlo otras naciones por el uso de éstas. Y ejemplificó en caso de Italia, por los asesinatos de la mafia; de Israel, por los ataques de Hamas; o Rusia, por la muerte de sus soldados en Ucrania, en caso de que se haya usado armamento producido por las empresas de Estados Unidos.

“Si los ucranianos están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o revólveres Smith & Wesson para defenderse, ¿puede el gobierno de Rusia entrar y decir que nos han causado daño?”, cuestionó el juzgador.

Uno de los abogados representantes de México respondió que si bien esas y otras naciones podrían también demandar, para hacerlo tendrían que cumplir con todos los requisitos con los que ya ha cumplido México. Y aclaró que los tribunales podrían negarse a aceptar el caso de tratarse de una demanda por cuestiones políticas.

Al principio de la audiencia, las ocho empresas demandadas presentaron su defensa de manera unificada y posteriormente cada una lo hizo por separado. Los abogados contratados por México, también dieron sus argumentos y respondieron los alegatos de su contraparte.

Los representantes de las compañías estadunidenses cuestionaron la legitimidad de México para presentar una demanda de esta naturaleza ante los tribunales estadunidenses, en particular en Massachusetts; a lo que la parte mexicana respondió que bajo el marco jurídico de Estados Unidos “hay una obligación de prever el daño que podría ocasionar cierta acción u omisión de las empresas”.

México acusó a las armeras de negligencia debido a que sus estrategias de venta, publicidad, producción y distribución de sus productos no evitan que éstos terminen en poder de las bandas criminales; y reclama 10 mil millones de dólares debido a que considera que esto ha generado un daño al país por la violencia criminal derivada por esas armas.

La demanda argumenta que cada año entran de manera ilegal a suelo mexicano, en cifras conservadoras, alrededor de medio millón de armas, de las cuales entre 70 y 90 por ciento provienen de Estados Unidos.

El consultor jurídico de la cancillería mexicana refirió que el proceso se presentó ante la Corte federal de Boston debido a que “hay un vínculo” de ese foro con el trasiego ilegal de armamento a México, inclusive se presentó un análisis econométrico en el que se presenta la trazabilidad y rastreo del tráfico de armas desde Massachusetts a territorio mexicano.