Ya se pueden anotar algunas precisiones, tanto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 7 de abril, decidiendo la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) como de la consulta ciudadana de hace dos días, sobre la revocación del mandato al Presidente de la República. Ello pese a que aún no se observa interés oficial en difundir resultados de evaluaciones de manera concluyente, fuera de los precipitados anuncios de victorias.
Importa detenernos en la situación de la LIE, no sólo por la lectura que se está realizando desde el gobierno, sino porque está atada al destino que pueda tener la iniciativa de reforma constitucional que se pretende dictaminar esta misma semana, la cual privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción y comercialización de la energía eléctrica, por encima de las empresas del sector privado.
La LEI es constitucional, votaron cuatro de los 11 integrantes del pleno de la SCJN, mientras que siete dijeron que es inconstitucional, ya que viola el principio de libre competencia y el derecho al medio ambiente. Basaron sus argumentos en el texto de la reforma peñista de 2013 que está vigente. No olvidemos que hay una multitud de amparos por los otros motivos de afectación que alegan los beneficiarios de la reforma de 2013 algunos de los cuales han logrado la suspensión definitiva con efectos generales; por tanto, la LIE no se puede aplicar hasta que se resuelva el fondo de los juicios de amparo.
Tras conocer la resolución de la Suprema Corte, en un comunicado de Presidencia se señala que existen 234 permisos de autoabastecimiento, de los cuales pueden ser revocados 110. Según el titular del Ejecutivo, los pronunciamientos establecidos por la Corte en favor de la constitucionalidad de la LEI deben ser tomados en consideración por cada juez de distrito y por cada tribunal colegiado que tiene o tendrá a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. Incluso señaló que el presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido.
Falta ver si tiene esa facultad motu proprio sin el acuerdo del pleno. No es lo mismo concluir que no es inconstitucional la LEI a que no es verificable si su operación y contenido afectan intereses y actores específicos que arreciarán la promoción de amparos.
En síntesis, considero que se están sobredimensionando los efectos de la decisión de la Corte. En ese contexto, ahora en la 4T se proponen lograr la aprobación en la Cámara de Diputados de la referida reforma constitucional. Les faltan 56 votos y anuncian que sí le cambiarán unas comas para lograr la adhesión del frente opositor, formado por PRI, PAN y PRD.
La propuesta de reforma modifica la manera de operar la generación, transmisión, distribución, suministro y comercialización del sistema eléctrico nacional. Se busca que la CFE se fortalezca financieramente al permitirle aumentar su volumen de producción y participación en el mercado de electricidad, retomando el Estado el control estratégico del sector. Se mantendrá la participación de empresas privadas tanto en el sector eléctrico como de hidrocarburos pero será a través de Petróleos Mexicanos y CFE lo que tomarán como prioridad las necesidades de consumo y generación de valor de las empresas. El Estado se reserva la explotación del litio. Ya se verán los resultados.
El otro gran triunfo ya anunciado es el del ejercicio de revocación de mandato realizado hace dos días tras un prolongado y desgastante debate con el Instituto Nacional Electoral (INE). El mérito central del actual gobierno es haber promovido su regulación constitucional y legal.
Hasta ahí se pudo dejar el alcance democrático. Sin embargo, a contrario sensu, se autopromovió su puesta en práctica recurriendo incluso a presiones del pasado. Como define la ley, se origina en la pérdida de confianza hacia el Presidente de la República, cuestión que no aparece en la agenda ciudadana mayoritaria y la oposición no tiene la fuerza para impulsarlo. En efecto, se destacó que es la primera ocasión en que un titular del Ejecutivo federal somete su mandato al escrutinio público para continuar su gestión hasta el final del periodo por el que fue elegido. Se formó una asociación para reunir 11 millones 97 mil 960 firmas entregadas al INE para lograr su realización, la cual requiere 40 por ciento de participación del padrón nacional electoral para ser vinculante. Se preguntó: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?” Esta expresión alterna aludió a la ratificación que no se incluye en la regulación. Los resultados, aún preliminares, muestran una abrumadora mayoría de alrededor de 16 millones que participaron en favor de que no se le revoque.
Hoy Andrés Manuel López Obrador, con todo y contradicciones, tiene tanta fuerza y aceptación como la semana anterior.
