San Cristóbal De Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que documentó en marzo 437 ataques contra comunidades del municipio de Aldama, perpetrados por grupos armados del poblado Santa Martha, ubicada en Chenalhó.

En un comunicado, expuso que esas agresiones propiciaron “el desplazamiento intermitente de 3 mil 499 personas, que viven el impacto de la violencia permanente”.

Añadió que habitantes de Santa Martha hirieron de bala a un músico del vecino municipio de Santiago El Pinar, durante una fiesta celebrada en el pueblo San Pedro Cotzilnam, y a una niña de 9 años en la comunidad de Tabac, ubicada en Aldama.

El Frayba asegura que el Estado mexicano “incumple con recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad y la vida de la población en Aldama”.

Recordó que “frente a los ataques armados y la violencia que se agudizó desde principios de 2018”, representantes de 115 comuneros y el Frayba solicitaron medidas cautelares a la CIDH.

Esta comisión consideró que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, por lo que “actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18” a favor de familias tsotsiles de 22 localidades de los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama “bajo la resolución 102/21(seguimiento) con fecha del 15 de diciembre de 2021”.

Igualmente, añadió que “las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces, como hemos resaltado constantemente”.

También afirmó que la Federación “ha centrado su atención en el conflicto territorial, para lo cual el 3 de marzo anterior entregó a los comuneros de Aldama el predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen. El mismo día de la ceremonia de entrega del predio la población estuvo bajo ataque constante.

“Sin embargo, los gobiernos estatal y federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales”, remató el Frayba.