El órgano dictaminador en la alcaldía Benito Juárez aprobó más de 100 proyectos de presupuesto participativo para la compra de vehículos que serían utilizados como patrullas, sin tener asegurado el aval de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Especialistas que integran el órgano dictaminador dejaron constancia de su negativa en la aprobación de los proyectos, ya que transgreden las leyes de seguridad y de participación ciudadanas, así como la estrategia en la materia que tiene el gobierno central.

Los proyectos –que serán puestos a votación en la consulta de presupuesto participativo el 1º de mayo– implican la compra de vehículos que operarían como patrullas, sin que todavía se garantice su debido emplacamiento ante las autoridades centrales, pues al tratarse de unidades particulares no podrán realizar detenciones, pues se violarían los derechos humanos.

Al no incluirse el costo por el mantenimiento ni abastecimiento de gasolina, esos proyectos serían ilegales ante la Ley de Participación Ciudadana, la cual establece que no se debe depender de asignación de recursos adicionales para su ejercicio.

Además, el uso de una patrulla para labores de vigilancia en una colonia determinada contraviene el esquema de cuadrantes que divide el territorio de manera estratégica para proporcionar atención inmediata.

“Las patrullas de la SSC pueden verse afectadas al poner en las calles otras que pueden obstaculizar o modificar las actuaciones de las autoridades de este ramo”, se alerta en un documento enviado a Rubén Ramírez, presidente del órgano dictaminador y funcionario de la alcaldía panista.

Se autorizó a pesar de los inconvenientes

Pese a los diversos problemas, el grupo dictaminador aprobó el proyecto por mayoría la semana pasada. La acción también fue criticada por los vecinos, quienes infieren que detrás de las “propuestas ciudadanas” de compra de vehículos está la alcaldía, cuyo objetivo sería destinar esas unidades al programa Blindar BJ a costa del presupuesto participativo. En años anteriores se informó que las unidades de este programa operaban con placas particulares.

“Los miembros de este órgano, al ser colegiado, han aprobado la factibilidad de estos proyectos contra nuestra voluntad (…); a través de este medio, manifestamos nuestra inconformidad al respecto y nos deslindamos de cualquier responsabilidad, tanto civil como penal y/o administrativa, y refrendamos nuestro voto en negativo para que se aprueben los vehículos aquí señalados”, indicaron algunos especialistas, quienes por ley fueron designados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

La aprobación de los proyectos todavía puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.