Pese a que desde 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido cerca de una docena de resoluciones a favor de las consultas indígenas, todas han quedado inconclusas, ya que las autoridades se niegan a acatarlas a cabalidad, mientras el proyecto para hacer una ley general que garantice este ejercicio democrático permanece atorado en el Senado, denunció Ximena Ramos Pedrueza, la abogada que ganó uno de estos primeros casos, el cual impidió la siembra de soya transgénica de Monsanto en la península de Yucatán.
El máximo tribunal emitió su primera decisión en este sentido a favor del pueblo yaqui, contra la construcción del acueducto Independencia. Pero el fallo no incluyó la orden de detener la obra, por lo que fue la movilización de los indígenas la que llevó finalmente a intervenir al gobierno federal y garantizar un reparto equilibrado del agua.
El segundo amparo fue promovido por los indígenas mayas, quienes reclamaron la autorización para sembrar soya transgénica, semilla que requiere de glifosato, el cual envenenaba a las abejas, afectando la producción de miel.
Pese a que en este caso la SCJN sí otorgó la suspensión de los permisos, al final la consulta no pudo realizarse y se quedó en la etapa de acuerdos previos debido a la falta de interés de las autoridades responsables, por lo cual el proceso se alargó hasta que, finalmente, el actual gobierno prohibió el uso de glifosato y el conflicto quedó sin material, explicó Ramos Pedrueza.
La abogada especializada en derechos humanos afirmó que ningún fallo de la SCJN a favor de las consultas indígenas ha terminado con resultados positivos.
“Casi todas se han quedado en las etapas previas. Nunca acabó la consulta de los yaquis. Las de los parques eólicos se llevaron a cabo, pero no de la mejor manera, había mucha presencia del Ejército y división en las comunidades. Al menos de las que yo he monitoreado, no he visto que alguna acabe de la manera adecuada ni que las comunidades estén contentas con el resultado”, sostuvo.
Existe ya un fallo de la SCJN contra la omisión legislativa para emitir una norma federal que establezca claramente las reglas para la consulta indígena y reconozca su carácter vinculante, y aunque una iniciativa en este sentido ya fue aprobada por los diputados, se encuentra atorada en el Senado.
Para la abogada Ximena Ramos Pedrueza, falta interés de los actores políticos: “Como que no es una de las prioridades del Congreso. No veo voluntad para que salga pronto”.
