Según el conteo rápido divulgado anoche por el Instituto Nacional Electoral (INE), la consulta de revocación de mandato que se realizó ayer en el país arrojó un aplastante respaldo a la continuidad de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia: entre 90.3 y 91.9 por ciento de quienes sufragaron votaron por esta opción, y sólo entre 6.4 y 7.8 por ciento se manifestaron por que se revocara el mandato que le otorgó la ciudadanía en 2018, en tanto entre 1.6 y 2.1 por ciento habrían anulado su voto.
Pese a su provisionalidad, estas cifras difícilmente variarán de manera significativa en el curso del conteo por la simple razón de que la gran mayoría de las formaciones opositoras –partidistas, empresariales y mediáticas– decidieron no participar en el ejercicio democrático y llamaron a no votar.
El otro dato sustancial es el de la participación ciudadana, que a decir del organismo electoral habría sido de entre 17 y 18.2 por ciento del padrón. Esta cifra, que representa entre 15.77 y 16.89 millones de votos, debe ser cotejada con los tres ejercicios anteriores de consulta popular: el que se llevó a cabo para decidir el destino del aeropuerto que el gobierno de Enrique Peña Nieto había empezado a construir en Texcoco (octubre de 2018), el que consultó si debían llevarse a cabo los programas sociales y los proyectos especiales del obradorismo (noviembre de 2018) y el que se efectuó para preguntar a la sociedad si los ex presidentes debían ser llevados a juicio (agosto de 2021).
En el primero participó 1.22 por ciento del electorado; en el segundo, 1.05 por ciento, y en el tercero, 7.11 por ciento. Es necesario recordar que los dos primeros fueron organizados por la ciudadanía al margen del instituto electoral y que en el tercero, al igual que el de ayer, el INE, pretextando falta de presupuesto, instaló apenas una tercera parte de las casillas que se requieren para captar el sufragio de más de 92 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, privilegió las zonas urbanas de clase media e hizo muy difícil, si no imposible, el sufragio de millones de habitantes de regiones rurales y de colonias populares.
Desde esta perspectiva cronológica, y habida cuenta de la renuencia de la autoridad electoral a realizar y a publicitar la consulta de revocación de mandato, lo ocurrido ayer representa un formidable salto hacia adelante en la construcción de una democracia participativa y, más aún, para el empoderamiento de la sociedad sobre los gobernantes.
Aunque el resultado del ejercicio haya sido previsible, y por más que aporta legitimidad y capital político al actual Ejecutivo federal, su trascendencia va mucho más allá del actual sexenio y de la presidencia lopezobradorista; sienta, en cambio, un precedente inestimable en materia de rendición de cuentas, contrapeso social y límites al poder público. Ha quedado claro que una ciudadanía exasperada por un gobierno que traicione su mandato, se corrompa o se comporte de una manera despótica y autoritaria, puede deponer por medio de las urnas al que llevó a la Presidencia por medio de ellas.
Si hasta ayer un descontento social masivo y mayoritario sólo tenía como soluciones la resignación hasta el fin de un sexenio o la insurrección, la revocación abre la puerta al cauce pacífico de la votación democrática, lo cual implica un avance histórico y civilizatorio, así como un instrumento concreto a los principios contenidos en el artículo 39 constitucional.
Cabe esperar que en lo sucesivo las consultas ciudadanas se conviertan en una práctica habitual de los procedimientos democráticos del país y, en lo que corresponde a las de revocación, se extiendan a la generalidad de los cargos de representación popular. Y es de desear, finalmente, que el organismo electoral sea sometido a una reforma profunda para convertirlo en una instancia realmente democrática.
