Ciudad Juárez, Chih., La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha recibido 53 quejas de activistas y ciudadanos, quienes denunciaron anomalías que cometieron administraciones pasadas por uso indebido del parque El Chamizal o permitir que otros lo hicieran, informó Daniel Delgadillo, representante de la agrupación Árboles en Resistencia. La dependencia acumuló todos los expedientes en una indagatoria.
El activista explicó que luego de una convocatoria pública en la que se recopilaron las acusaciones, éstas se entregaron a la Profepa para que las analice, “entendiendo como ilegal cualquier violación al decreto presidencial del 4 de mayo de 1987, en el que se establece que esta área puede ser usada única y exclusivamente para fines ecológicos”.
Entre las querellas se encuentran la entrega de comodatos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Arte en el Parque AC, Club de Veteranos de Futbol, y el fideicomiso del Centro de Convenciones, entre otras que se otorgaron a personas de la iniciativa privada.
Acusó que 20 por ciento de la superficie de El Chamizal fue donada por gobiernos pasados, que recibieron de la Federación 248 de las 333 hectáreas que integran este parque que se recuperó de Estados Unidos, luego de alrededor de 100 años de trámites.
El también ingeniero agrónomo refirió que tras un análisis que realizó el municipio de Juárez sobre las condiciones del lugar, se reveló que 26 por ciento de las áreas verdes están contaminadas con plagas en árboles y arbustos, y que la planta tratadora de aguas residuales funciona a un 20 por ciento de su capacidad.
Asimismo, la Coordinación de Administración y Control de Proyectos del gobierno municipal, presentó ayer el análisis sobre las condiciones que tiene el polígono de El Chamizal, debido a que se planea desarrollar un plan de rescate integral en conjunto con las instancias de gobierno, sociedad civil y especialistas. En la investigación también participó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante la cual se llevaron a cabo recorridos de supervisión y una serie de consultas públicas, a fin de analizar la zona bajo ejes históricos, medio ambiental, comodatos y límites geográficos.
El 28 de octubre de 1967 se entregaron formalmente 333 hectáreas de superficie que sirven como línea divisoria entre México y Estados Unidos. Mientras que en el decreto de 1987 se establece que se le cedieron al municipio de Juárez 248 hectáreas para uso deportivo, cívico, cultural y recreativo.
También se descubrió que 17 predios donados abarcan al menos 50 hectáreas del terreno.
El Parque Público Federal formaba parte del territorio mexicano; sin embargo, por cambios en el cauce del río Bravo, quedó en el lado norte del mismo, por lo que México entabló un largo litigio con Estados Unidos para recuperarlo.
