Zacatecas. Dos empleados del ayuntamiento de Guadalupe, entre ellos Marlon Iván Gómez Gaytán, tercer oficial del registro civil en esa demarcación, fueron acribillados a tiros la tarde del domingo, al sur de la zona conurbada de la capital de Zacatecas, sumándose así a la trágica estadística que sumó 18 víctimas mortales, asesinadas este fin de semana en la entidad.
Los dos servidores públicos circulaban a bordo de una camioneta dorada tipo Chevrolet Suburban, sobre la avenida principal del fraccionamiento Villas de Guadalupe, cuando de acuerdo con la versión de los vecinos del lugar, intempestivamente los alcanzaron sujetos armados a bordo de oro automotor, disparándoles en varias ocasiones, para luego huir.
En otros hechos, 5 personas más fueron ejecutadas a tiros el fin de semana en el municipio de Guadalupe; 8 más en el municipio de Fresnillo y 3 en la capital de Zacatecas.
Por otra parte, la noche del domingo concluyó el paro general de labores de integrantes de la Policía Estatal Preventiva, al llegar a un acuerdo con el gobierno estatal, para no despedir a los manifestantes.
Oscar Martínez Ledezma, uno de los comandantes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que encabezó la huelga de los integrantes de esa corporación, durante diez días, incluida la toma de la sede del Congreso del Estado, del palacio de Gobierno de Zacatecas y de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, informó a través de un breve comunicado, los acuerdos alcanzados con el gobierno de David Monreal Ávila.
“A los medios de comunicación agradecemos su incondicional acompañamiento en las manifestaciones de los elementos de la policía estatal, desde el día 31 de marzo del año en curso hasta ayer 10 de abril de año 2022”.
Aunque el comandante Martínez Ledezma no lo informó en su escueto comunicado, sin embargo trascendió que el gobernador David Monreal Ávila firmó una minuta, en la que se comprometió a cumplir con 3 puntos de carácter inmediato:
La reinstalación de los 7 comandantes de la PEP que habían sido cesados por manifestarse, pero ya no estarán adscritos a la corporación, sino a otras áreas del gobierno estatal.
Además, se logró el compromiso de destituir a dos altos mandos de la corporación, ex policías federales, a quienes los propios integrantes de la PEP acusaban de ser corruptos. Otro de los acuerdos, fue que habrá una “asignación inmediata del seguro de vida a todos los elementos activos” de dicha corporación.