Después de una compleja preparación, hoy están convocados a las urnas 92 millones 823 mil 216 ciudadanos para participar en la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un proceso que ha involucrado a los tres poderes del Estado, y generó el nivel de confrontación más intenso de la historia entre el Poder Ejecutivo y las autoridades electorales, lo cual por momentos comprometió el descarrilamiento de la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana.

Será la tercera vez en un año que los ciudadanos acudan a las urnas como consecuencia de la apuesta obradorista por introducir mecanismos de democracia participativa: las elecciones federales de 2021, la consulta popular y ahora este proceso que, como define la ley, se origina en la “pérdida de confianza” hacia el Presidente. Será la primera ocasión que un titular del Ejecutivo federal someta su mandato al escrutinio público para continuar su gestión hasta el final del periodo por el que fue elegido.

Para que el resultado tenga carácter vinculante deberá pronunciarse la mayoría de los electores por la remoción, con la condicionante de que debe acudir a las urnas al menos 40 por ciento del listado nominal que avaló el Instituto Nacional Electoral (INE) en marzo. Deberán votar 37 millones 129 mil 286 ciudadanos para que, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decrete la revocación de mandato.

Esta noche el INE informará por dos vías los resultados de la consulta. Entre las 21 y 22 horas se difundirá el reporte del conteo rápido, que incluirá tanto las proyecciones sobre el sí y el no a la revocación, como la participación estimada, variable fundamental para el destino de la votación.

En paralelo, en el sitio de Internet del INE aparecerán los resultados del cómputo de las 57 mil 517 casillas que se instalarán en todo el país, información que se espera captar en el transcurso de la noche, aunque el instituto oficializará el resultado el 11 de abril.

Con esta primera experiencia en México, será la tercera ocasión que este mecanismo de consulta a la sociedad se realice en América Latina. Anteriormente se efectuaron en 2004, con Hugo Chávez, en Venezuela (que se saldó con una votación a su favor superior a la obtenida en su elección), y de Evo Morales, en 2008, que obtuvo un respaldo mayoritario.

López Obrador someterá su mandato a la decisión ciudadana en su cuarto año de gobierno, promovido bajo su gestión. Auspiciado desde los albores de su sexenio con la premisa de que la sociedad no tiene por qué soportar malos gobiernos, se aprobaron los cambios constitucionales y legales que hoy se concretarán en las urnas.

En el cuarto año del gobierno de Felipe Calderón ya se acumulaban 28 mil muertos de la guerra contra el narcotráfico, las masacres proliferaban y emergía con fuerza la desaparición de personas, detonante de una crisis de derechos humanos en el país .

En 2016, el cuarto año de la gestión de Enrique Peña Nieto se sumergía en una crisis detonada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que se profundizó con el escándalo de la Casa Blanca, sepultando la eficacia del denominado Pacto por México como fórmula de gobernabilidad.

Desencuentros

Aunque fue incorporada a la Constitución desde 2019, la revocación de mandato fue regulada en la ley secundaria hasta septiembre de 2021, con 454 días de retraso con respecto al transitorio de la reforma constitucional. Era el inicio de un tortuoso camino para instrumentar un nuevo mecanismo de participación ciudadana que se convirtió en una agria disputa política y legal.

Aun sin legislación secundaria, ya estaba en ciernes el primer gran desencuentro entre el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el INE: el financiamiento para la organización con un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al instituto que le dejaba sólo 830 millones de pesos para realizar la consulta.

La polémica presupuestal generó mutuas recriminaciones: “estrangulamiento financiero”, como un sabotaje a su operación, acusaba el INE; el organismo optó por defender sus privilegios y millonarios fideicomisos, reviraban desde el Poder Ejecutivo. La disputa política terminó con sendos litigios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las diferencias por el financiamiento derivaron en un segundo escenario de confrontación: las casillas a instalar. Morena acusó al INE de evadir su obligación legal de desplegar el mismo número de la elección federal anterior: 62 mil mesas receptoras. Nadie está obligado a lo imposible, respondió el INE para justificar las 57 mil 517 que finalmente instalará, postura que recibió el aval de la SCJN que le permitió organizar la consulta hasta donde los recursos alcanzaran.

Una legislación muy restrictiva sobre la difusión fue el colofón de un proceso con altos niveles de litigiosidad: 172 quejas relacionadas con la indebida difusión de la revocación por funcionarios, donde el INE responsabilizó al Presidente, su gabinete y gobernadores.

El proceso cerró con abierta confrontación: el INE denunció la “contumaz violación” de la Constitución por servidores públicos de la Cuarta Transformación y Morena, mientras funcionarios cuestionaron la censura y renuencia del INE a que se promoviera la jornada de este domingo.

El porcentaje de participación como eje de la procedencia legal para revocar el mandato es también una apuesta política de López Obrador y aquellos, como la organización Que Siga la Democracia, que impulsaron la consulta para demostrar el respaldo al proyecto de gobierno.

Con 11 millones 97 mil 960 firmas entregadas para promover su realización, esta cifra se ha convertido en un umbral mínimo de participación exitosa para quienes auspiciaron este ejercicio.

En condiciones similares de escasa difusión en radio y televisión, restricciones a la injerencia de los partidos y escaso presupuesto para instalar casillas, la primera consulta popular a escala nacional (para enjuiciar a los políticos del pasado) representó un fracaso desde la perspectiva de la participación: sólo 6.6 millones de votos, apenas el 7.11 por ciento del listado nominal de electores.

Hoy se concretará un segundo proceso de democracia participativa para responder a la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

Pregunta que por cierto también terminó resolviendo la SCJN.