Mexicali, BC., Con seis votos a favor y uno en contra, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) calificó de improcedente la solicitud de grupos “provida” de efectuar un referendo sobre las reformas que hicieron los legisladores locales en octubre pasado para despenalizar el aborto.
Diversos colectivos apoyados por la iglesia católica presentaron la petición el 13 de enero de este año ante la Oficialía de Partes del IEE, acompañada de 34 mil 512 registros ciudadanos.
El 15 de marzo, el Consejo General aprobó el dictamen número uno de la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, identificado por la clave de expediente IEEBC/CG/REF001/13-01-22, con lo que se concluyó la primera etapa relativa al cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de un referendo legislativo.
La noche del pasado viernes se sometió al pleno, el cual lo determinó improcedente después de tres rondas de discusión y con el sufragio en contra de Jorge Aranda Miranda.
Los consejeros argumentaron que por encima de la Constitución de Baja California, donde se reconoce la vida desde la concepción, están la Carta Magna federal y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en septiembre de 2021 resolvió por unanimidad que es inconstitucional que las entidades federativas criminalicen el aborto “de manera absoluta” y se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
El 24 de octubre de 2021 el Congreso del estado aprobó la reforma a su Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, se quedó a un voto de modificar el artículo de la Constitución local que contraviene la sentencia de la SCJN.
El consejero electoral Abel Alfredo Muñoz explicó en la sesión que si bien es cierto que el IEEBC tiene como una de sus finalida-des primigenias promover la participación ciudadana no puede ignorar su obligación derivada de los ordenamientos constitucionales general y local, de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano.
