La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el jueves pasado la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promulgada en marzo de 2021, con lo cual esta norma se mantiene vigente y deberá ser aplicada por las autoridades. Aunque siete de los 11 ministros votaron a favor de las impugnaciones presentadas por senadores de oposición, se requería una mayoría de ocho para invalidar una ley ya vigente. Entre los principales puntos sujetos a discusión se encontraban el orden de despacho en el sistema eléctrico nacional, el cambio de reglas para los certificados de energías limpias, la supuesta incompatibilidad con el artículo 133 y los tratados internacionales, y la posible violación a la no retroactividad en la aplicación de las leyes.
Durante su conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la resolución del máximo tribunal como “una decisión histórica y patriota en beneficio del pueblo de México” que repara el daño provocado por la ley “tramposa” en materia eléctrica aprobada en 2013, y que permitirá salvar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como garantizar que no aumente el precio de la luz. Si bien la falta de mayoría en el aval a la LIE deja abierta la puerta a la presentación de amparos que habrán de tramitarse de manera individual ante los tribunales competentes, el mandatario consideró que ya se cuenta con la “protección básica” que se necesitaba, y estimó que la sentencia deja improcedente “en automático” la mitad de los recursos interpuestos hasta ahora.
Horas más tarde, el gobierno federal divulgó un documento en el cual se informa sobre las consecuencias de la resolución “favorables para el Estado y la CFE”. Entre éstas se incluyen la revisión de la legalidad y rentabilidad financiera de los contratos de producción independiente, a cuyas centrales se les paga el 100 por ciento de la energía generada aunque no la entreguen; el freno al otorgamiento de permisos de acceso a las redes eléctricas carentes de sustento técnico por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la reversión del despacho preferente a los generadores privados, y otras. Uno de los anuncios de mayor calado fue que se “revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley”, en los cuales se incluye a 110 de las 234 sociedades que operan bajo este esquema con 77 mil socios-clientes que se compran-venden energía eléctrica y capacidad de manera ilegal.
Es necesario recordar que la figura del llamado autoabasto surgió en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en respuesta a la solicitud de grandes empresas mineras, acereras y cementeras, entre otras, para que se les autorizara a producir la energía eléctrica que usaban en sus operaciones. Sin embargo, las ventajas otorgadas por el Estado a quienes se acogían a esta modalidad pronto fueron explotadas de manera tramposa para lucrar a expensas del erario y hacer competencia desleal a la empresa pública. Así se dio el fenómeno de los socios de paja, los cuales simulaban pertenecer a una sociedad de autoabasto, pero en realidad eran clientes de empresas generadoras que les distribuían la energía usando la infraestructura construida por la compañía estatal, sin pagar la tarifa de transmisión correspondiente. La CFE estima que este mercado paralelo de venta de energía mediante la simulación de autoabasto, en el cual participan algunas de las empresas más grandes del país,tuvo un impacto en sus finanzas de 22 mil 500 millones de pesos sólo entre 2018 y 2020.
En espera de que el Congreso discuta y apruebe o rechace la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, cabe celebrar el avance obtenido esta semana para la recuperación de la rectoría del Estado en este sector estratégico, y hacer votos porque la resolución de la Corte permita terminar con la simulación y el saqueo a las arcas públicas.
