Caracas. El Ministerio Público venezolano detuvo a 663 funcionarios de seguridad del Estado por violaciones a los derechos humanos en más de cuatro años, informó ayer el fiscal general de esta nación sudamericana, Tarek William Saab.
“Hemos logrado en cuatro años y medio de gestión privar de libertad a 663 funcionarios policiales y agentes del Estado, y a 33 civiles por vinculación a violaciones de derechos humanos”, expresó Saab durante la presentación del informe anual de su gestión ante la Asamblea Nacional. Se felicitó por haber logrado que “243 fueran condenados”, destacó.
El fiscal señaló, por otra parte, la detención desde 2018 de más de 200 personas vinculadas con “actos terroristas”.
“En estos casos, que buscaron el asesinato de las más altas autoridades del Estado y el derramamiento de sangre en el país, se han aprehendido 209 involucrados, hay 202 privados de libertad, 205 acusados y 62 condenados por admisión de hechos”, detalló.
Manifestó que está pendiente la ejecución de “102 órdenes de aprehensión”, 79 de ellas con alerta roja de Interpol. “Y hay 14 individuos sobre los que se ha solicitado la extradición”. Dichas detenciones y órdenes de captura están relacionadas con un atentado fallido contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, la intentona militar del 30 de abril de 2019 liderado por el opositor Juan Guaidó, y al menos otros seis planes que, según la Fiscalía, buscaban derrocar al actual mandatario.
Saab indicó que en su país se castigan las violaciones a los derechos humanos, por lo que precisó que no es necesaria la presencia de expertos de la Corte Penal Internacional (CPI).
Durante una visita que realizó a Caracas en marzo pasado el fiscal de la CPI, Karim Khan, acordó con el jefe del Ejecutivo abrir una oficina de ese organismo en esta nación sudamericana. Maduro señaló que la representación de la referida corte contribuirá a que Venezuela avance hacia un Estado eficiente en materia de derechos humanos. Khan realizó una primera visita a Caracas en noviembre pasado a invitación del gobierno. En ese entonces, Maduro y Khan firmaron un memorando de varios puntos, en los que acordaron: adoptar todas las medidas para asegurar la administración de justicia, y establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Además, la CPI determinó abrir una investigación a Venezuela, tras concluir el examen preliminar por presuntas infracciones contra las garantías fundamentales de los ciudadanos.
En febrero de 2018, la corte comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.
El jueves, el fiscal general dio la “bienvenida” a la oficina del tribunal internacional que abrirá en Caracas como parte de su investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno.
“El que no la debe, no la teme”, sostuvo Saab durante una rendición de cuentas ante el Parlamento.
“En Venezuela las violaciones de derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan, sin necesidad de que exista una especie de (...) coloniaje jurídico que tutele lo que ya aquí en buena lid se está haciendo”, insistió.
