Hermosillo, Son., Integrantes de colectivos de mujeres rastreadoras en Sonora se manifestaron en contra de la ley Ingrid, recién aprobada en el Congreso local, debido a que les impide difundir imágenes de restos óseos o ropa de personas fallecidas; sin embargo, esas publicaciones ayudan a las familias a identificar a sus seres queridos, y aseguraron que dicha medida retrasa la identificación de cuerpos.
En la pasada sesión ordinaria, los diputados del Congreso de Sonora aprobaron por unanimidad la ley Ingrid, en la que se establecen penas hasta de 10 años de prisión a quien filtre, distribuya o comparta imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas, según el Código Penal.
Sin embargo, las líderes de Madres Buscadoras de Sonora, Guerreras Buscadoras y Rastreadoras de Ciudad Obregón se opusieron a dicha norma, y aseguraron que buscarán los procedimientos jurídicos para ampararse, a fin de continuar con la difusión de imágenes de fosas, osamentas y objetos hallados en los cementerios clandestinos.
En entrevista para La Jornada, las madres víctimas de desaparición forzada puntualizaron que la publicación de las fotos que ellas toman en los rastreos, tienen el propósito de que los restos recuperados, así como accesorios y objetos que hallan dentro de las oquedades puedan ser identificados por algún familiar.
Cecy Patricia Flores Armenta, dirigente de las Madres Buscadoras de Sonora, acusó que esa norma revictimiza a las familias que están en duelo y con la esperanza de encontrar algún objeto que los una con sus familiares. Rechazó la disposición, pues no se tomó en cuenta a los colectivos de rastreadoras.
“Esta bien que defienda a las mujeres, que no se compartan fotografías, pero, ¿quién ayuda a las familias de los desaparecidos?, ¿quién vela por nuestro dolor? Nos vamos a amparar, porque las imágenes son el método que tenemos, los que no podemos pagar los estudios de ADN”, expuso Flores Armenta.
Asimismo, Ana Castro, vocera de Guerreras Buscadoras de Ciudad Obregón, comentó que ley Ingrid es un retroceso para las familias y propuso que los legisladores estudien la Ley Declaración Especial de Ausencia, con la cual dijo se podría hallar a los más de 3 mil 500 jóvenes desaparecidos en el estado.
Con esta aprobación se modificó el artículo 225 del Código Penal federal, y se aplicarán sentencias hasta de 10 años para quien resulte culpable de exponer, publicar o distribuir material en cualquier formato sobre las condiciones de una víctima y las circunstancias del delito.
