Ácida reacción de los opositores tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de la Industria Eléctrica: se quedaron con las ganas de cerrar la puerta a la participación del Estado en ese sector, de cancelar el servicio público y privilegiar ilegalmente a particulares, como lo han hecho en tantos otras áreas de la economía nacional. Se retuercen, pues, por no desquitar lo recibido ni rendir buenas cuentas a sus patrones.
Que la decisión del máximo tribunal del país provocará una “lluvia” de amparos de empresas privadas, gritan a coro –bajo la batuta del cabildero Ken Salazar–, pero lo cierto es que el chaparrón comenzó segundos después de que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fue aprobada por el Congreso en marzo de 2021. Desde entonces se acumularon alrededor de 4 mil de ellos, siempre otorgados a destajo y a la velocidad de la luz por jueces a modo, especialmente Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, además de las controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica y el gobierno de Colima, más la acción de inconstitucionalidad de senadores de “oposición”.
Tras la aprobación de la LIE, las llamadas centrales de “autoabasto” ya tenían su amparo en la mano. Oficialmente existen 239 de ellas, pero resulta que en los hechos ilegalmente venden electricidad a terceros. Si en realidad fueran de “autoabasto”, pues serían 239 consumidores, ni uno más. Pero no: tienen cerca de 78 mil, es decir, 326 veces más de lo permitido. Además, no pagan el costo real por porteo, pero utilizan al ciento por ciento la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad.
No es novedad, pero entre los consorcios con estas prácticas ilegales aparecen, por ejemplo, Grupo Bimbo, de la siempre pía familia Servitje; Kimberly Clark, del inefable Claudio X. González; Oxxo, de Fomento Económico Mexicano (Femsa), presidido por El Diablo Fernández; Cementos Mexicanos (Cemex), de la mafia empresarial regiomontana; Grupo México, del tóxico Germán Larrea (por cierto, todos estos empresarios se beneficiaron, entre otras tantas cosas, de la venta de Banamex en 2001, libre de impuestos) y la trasnacional Walmart. Eso sí, todos amparados por raudos cuan serviciales jueces a modo, por mucho que se trate de una operación fraudulenta.
Pero si en un lado hay acidez, berrinches y severos problemas gastrointestinales, en otro hay celebración: “la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, de la nación. No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la SCJN resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica, para hacer jugosos negocios, para lucrar. Entonces, se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz, por eso estoy muy contento”, dijo el presidente López Obrador en la mañanera de ayer.
El mandatario detalló que “en la ley tramposa” (la “reforma” energética de Peña Nieto), la cual “se aprobó, y está demostrado, con corrupción, porque les dieron dinero a los legisladores, los sobornaron”, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia, no las despachaban, las excluyeron. “¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad tiene 60 hidroeléctricas que se construyeron en el transcurso del tiempo con inversión pública y todas estaban paradas. No les autorizaban subir la energía a la red; les daban preferencia a las empresas extranjeras. Por eso inundaron dos veces a Tabasco, porque, como no turbinaban estaban los vasos llenos. Daban preferencia a Iberdrola y a las empresas extranjeras, pero imagínense, al grado de inundar pueblos por la ambición al dinero, por el lucro. Hablan de derechos humanos y violan derechos humanos por dinero”.
Ahora viene la reforma constitucional, “pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer se nos alivianó la carga, ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo”.
Las rebanadas del pastel
Mañana, sin pretexto, todos a votar.
