La Fiscalía General de la República (FGR) se reservó su derecho a solicitar que de manera directa un juez libre orden de aprehensión en contra de tres de los cuatro litigantes señalados de participar en una red de corrupción que presuntamente involucra al ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal Julio N, luego de que los defensores de uno de los investigados presentó una constancia de haber dado positivo a covid-19 y los otros dos coinculpados argumentaron haber tenido contacto con él y desconocer si también contrajeron el virus.

Ante tal circunstancia, el fiscal Manuel Granados Quirós informó que la FGR se desistía de la realización de la audiencia inicial en la que imputaría los cargos de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Juan Antonio A, Isaac H y César Omar G, indicando que el Ministerio Público Federal podrá recurrir a solicitar el mandamiento judicial en su contra.

Durante su intervención, el fiscal Granados Quirós afirmó que se trataba de una “chicana” asegurar que uno se había enfermado de covid y los otros desconocían si presentaban la enfermedad. Ante ello, el juez José Rivas González pidió respeto a las partes del litigio y el representante de la FGR se retractó.

Pero eso no fue obstáculo para que los funcionarios de la FGR manifestaran, durante la audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, su desconfianza en los documentos presentados para que se cambiara por tercera ocasión la fecha de la audiencia de imputación contra los tres litigantes, ya que la primera ocasión argumentaron que no conocían plenamente el contenido de las investigaciones y en la segunda que uno de ellos, Isaac H, había enfermado de covid.

Asimismo, el argumento del contagio sirvió para que los tres litigantes que inasistieron cambiaran a sus abogados defensores, al considerar que ellos habían tenido contacto con Juan Antonio A y por ello los habían designado tres horas antes de que iniciara la audiencia.

El único investigado que acudió con sus defensores a la audiencia fue David G, de quien se dice que ha participado en hechos delictivos para que los activos de Caja Libertad, cuyo accionista mayoritario es el abogado Juan Collado, fueran vendidos a Banca Afirme, en un precio menor a 40 por ciento de su valor.

Esta operación relacionada con Caja Libertad era, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, parte de la extorsión que esta red de corrupción pretendía realizar en contra de Juan Collado, a cambio de ayudarlo a obtener su libertad en los procesos que se le siguen por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y fraude, cargos por los que está preso desde julio de 2019.

Los fiscales solicitaron que el juez José Rivas González llevara a cabo la audiencia de imputación en contra de David G, pero la FGR no ha entregado todas las constancias y documentos que ha obtenido como parte de las investigaciones realizadas, y por ello la diligencia será hasta el martes a las dos de la tarde.

Al salir de la zona de juzgados federales, Fernando Benítez, abogado de Juan A, dijo a los medios que la FGR había retirado la solicitud de imputación en contra de su cliente y de los otros dos litigantes que no se presentaron a comparecer.

Sonriente, agregó: “por lo que se refiere mi cliente, ya quedó cercenado de esta causa penal, ya definitivamente. En esta causa penal ya se retiró la solicitud de formulación de imputación. Me voy de aquí, se acabó. Terminé mi tarea y lo hice de manera satisfactoria. Llevo tres horas de abogado y ya concluí el asunto”.

Pero no es así, la FGR puede solicitar en cualquier momento la orden de captura contra los tres investigados que no acudieron a la audiencia, en la cual se presentarán datos de prueba en que se expone que recibieron un millón y medio de dólares y 10 millones de pesos como parte de la presunta extorsión cometida en contra de Juan Collado, y que supuestamente todo lo realizaron con el apoyo de Julio N.