En las últimas semanas los colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país han venido discutiendo desde la indignación y la desesperanza el informe presentado el 28 de marzo pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa (https://bit.ly/3KknkDr). Este informe documenta con detalle lo que las familias venían diciendo y gritando en las calles: “¡Fue el Estado!”
El informe de 234 páginas, elaborado por Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain, documenta con imágenes la participación directa de efectivos de la Secretaría de Marina en el montaje que se hizo en el basurero de Cocula, para fundamentar la llamada verdad histórica en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Incluye pruebas de la participación del Ejército en los hechos del 26 de septiembre de 2014, presentando 46 reportes internos de la Sedena que dan cuenta de la comunicación en tiempo real que se tuvo con los efectivos que estaban en Iguala. Se comprueba también la infiltración de la normal por militares y el trabajo de espionaje ilegal que se venía haciendo. Lo más preocupante es que se menciona que 20 de estos reportes dan pistas, que de haberlas tenido a tiempo, habrían contribuido a encontrar a los jóvenes desaparecidos. Toda esta información fue ocultada por los militares durante ocho años.
Si bien los simpatizantes del actual gobierno leen este informe como muestra de la “voluntad política” de la presente administración para aclarar el caso, la interrogante que surge es ¿por qué durante tres años de esta administración no se dieron esos informes? Si desde el 3 de diciembre de 2018, con la creación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, se dio la orden presidencial a las fuerzas armadas de cooperar con la investigación, ¿por qué hasta ahora se da acceso a esta información?
Lo que más preocupa a las familias es la continuidad que existe entre los mandos militares involucrados en el caso Ayotzinapa y quienes han militarizado los territorios donde desaparecieron sus hijos. El ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, para posteriormente ser extraditado y liberado por el gobierno de López Obrador, tiene responsabilidad directa en los hechos de complicidad y desvío de información que documenta el informe del GIEI. Sin embargo, no sólo continúa libre, sino que el 21 de marzo pasado asistió a la inauguración de nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, construido y administrado por las fuerzas armadas.
El gobierno que nos prometió una Cuarta Transformación ha militarizado más el país que ninguna de las administraciones anteriores. El informe 2021 de Amnistía Internacional documenta que hay más militares cumpliendo tareas de seguridad pública en esta administración que en las tres anteriores. La comunidad académica ha visto con impotencia cómo los cambios a la Ley de Ciencia y Tecnología aprobados por la Cámara de Diputados el año pasado incluyen la participación de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Los militares están ahora en los espacios científicos, en aduanas, en la construcción de los principales megaproyectos y de las sucursales del Banco del Bienestar; en nombre de la protección de los intereses “nacionales” se les da un poder que difícilmente se les podrá quitar en un futuro.
Quienes hemos investigado el impacto de la militarización en las comunidades o realizado peritajes antropológicos al respecto, venimos advirtiendo desde la creación de la Guardia Nacional, de los peligros que tiene poner al Ejército, uno de los principales violadores de derechos humanos en el país, a realizar tareas que no le corresponden (https://bit.ly/3x6R2s2).
El informe del GIEI nos recuerda que las complicidades del Ejército no son un hecho del pasado, sino que son parte de la estructura criminal que ha convertido a México en una gran fosa clandestina. Santiago Aguirre, director del Centro Agustín Pro, señalaba: “El caso Ayotzinapa nos habla no sólo del pasado, sino del presente de las fuerzas armadas, que hoy están enormemente empoderadas, que continúan con sus mismos patrones de opacidad, de falta de rendición de cuentas a los controles civiles, y de no reconocimiento de su pasado de violaciones a los derechos humanos, y de su presente donde esas violaciones siguen ocurriendo”. Es importante articular esfuerzos para denunciar y parar la militarización de nuestra sociedad, el presente y el futuro de nuestro país está en juego.
* Doctora en antropología, investigadora del Ciesas
