Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no violan de inicio el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, será responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que así siga al brindar un trato justo a las empresas extranjeras que participan en el sector.
Carlos Bautista, especialista en comercio y en derecho energético de la Universidad La Salle, explicó que actualmente la LIE indica la existencia del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) como un organismo público descentralizado, que tiene a su cargo el control operativo del sistema eléctrico nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista, entre otros.
La función del Cenace es controlar el flujo de energía eléctrica por medio de la transmisión (alta tensión) y distribución (media y baja tensión) del sistema eléctrico nacional, por lo tanto, regula a la CFE para indicarle cuál energía debe transmitir o distribuir, la suya o la de particulares.
Con los cambios aprobados este jueves, el Cenace ya no será independiente, sino que pertenecerá a la CFE, lo que podría perjudicar a los particulares.
Indicó que el artículo 14.6 del capítulo 14 del T-MEC señala que cada parte otorgará a los inversionistas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido trato justo y equitativo, y protección y seguridad plenas. No obstante, apuntó, los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” no requieren un trato adicional a, o superior al exigido por ese nivel, y no crean derechos adicionales.
Bautista destacó que la ley marcaba que era necesario contar con un certificado de energías limpias, otorgado por la Comisión Reguladora de Energía para crear una nueva central eléctrica, pero con la reforma este requisito desaparecerá dando lugar a la creación de energías contaminantes, como es el caso de las carboeléctricas de la CFE.
Ramses Pech, analista del sector energético, enfatizó en que con la decisión de la SCJN México ha quedado desfasado en la transición energética, pues mientras otros países están buscando alternativas, el gobierno mexicano basa sus esfuerzos en quién puede generar electricidad, lo que le costará a México al menos una década.
Asimismo, se debe tomar en cuenta el daño a la inversión, pues no tomar las medidas necesarias para contribuir con proyectos amigables con el medio ambiente puede costar dejar de recibir inversiones por alrededor de 10 mil millones de dólares, agregó.
El Consejo Coordinador Empresarial planteó que “la riqueza de la deliberación constitucional no puede resumirse de forma binaria, no es un sí o no”. Por medio de una publicación en sus redes sociales, el organismo cúpula se dijo confiado en la fortaleza institucional del Poder Judicial.
