Cuatro ministros de la Corte confirmaron la validez constitucional de la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente López Obrador y aprobada en marzo de 2021 por el Congreso de la Unión.

Siete ministros votaron en contra, lo cual es significativo, pero en aritmética judicial basta una tercera parte de los votos posibles (cuatro de 11) para rechazar una acción de inconstitucionalidad como la que habían hecho el gobierno entonces priísta de Colima, la Comisión Federal de Competencia Económica y 46 senadores de oposición, entre ellos los coordinadores de bancadas: Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), José Bermúdez Méndez (PAN), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Dante Delgado (MC), además del independiente Emilio Álvarez Icaza.

Lo sucedido en la Corte significa en términos jurídicos y políticos un impulso a la reforma eléctrica que mantiene en vilo a opositores; gobiernos extranjeros, en especial el de Estados Unidos; empresarios y buena parte de la ciudadanía. Morena y sus aliados no tienen el número de votos, sobre todo en el Senado, para sacar adelante esa reforma, así que requieren del apoyo de opositores que saben negociar en favor de sus intereses esa condición de “poderío” coyuntural.

Al respecto, el prefecto de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el diplomático del sombrero texano, ayer reiteró: “nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión”. Esa misma predicción de solicitudes masivas de amparo ante la resolución de ayer de la Corte ha sido planteada de inmediato por dirigentes opositores y cabilderos empresariales.

Aun cuando Palacio Nacional ha mantenido en otros temas una implacable política de no modificar ni una coma a sus iniciativas, en esta ocasión hay apertura a incorporar una parte de las propuestas de los opositores, en aras de que sean aprobados los puntos esenciales de la estratégica reforma que se refiere a lo eléctrico, pero también al codiciado litio.

Los tiempos del Congreso ya quedaron fijados: este lunes se buscará que las comisiones legislativas unidas dictaminen la iniciativa en mención, y martes y miércoles sesionará el pleno en San Lázaro para discusiones y votaciones, que se prevé terminen el Jueves Santo.

Pero este no es el único punto electrizante de la agenda nacional: el próximo domingo se realizará el ejercicio de revocación de mandato, que ha confrontado en activo a seguidores del presidente López Obrador (los promotores de tal suceso) y en pasivo (se niegan a participar en ese ejercicio constitucional) a sus opositores.

De resultado absolutamente previsible (la confirmación del deseo mayoritario de los votantes de que López Obrador siga en el poder por el resto de su periodo constitucional), el ejercicio está siendo interpretado por sus adversarios como una muestra de la rudeza y tozudez, incluso violatoria de la ley, que según ese análisis estaría dispuesta a practicar la llamada Cuarta Transformación para sostenerse en el poder en 2024.

Otra forma de ver el accidentado proceso hasta ahora seguido en este tema descansa en que la oposición ve pasar el tiempo y las oportunidades políticas, e incluso constitucionales (como el ejercicio de este domingo), sin atinar a definir planes viables, estrategias eficaces y propuestas socialmente atractivas. Lo que suceda este domingo ciertamente podría ser anticipatorio de lo que vendría en 2024 a una oposición que no logra definir un proyecto interesante, carece de liderazgos relevantes y naufraga entre descalificaciones y pataleos.

Sin embargo, todo el revuelo y la polémica por el revocatorio podría quedar anulado formalmente, según advirtió ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien adelantó que enviará un reporte general, que incluirá las irregularidades cometidas por actores participantes en este ejercicio, para que el Tribunal Electoral federal decida si procede darlo por no realizado. ¡Hasta el próximo lunes!

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