La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. La medida fue propuesta por Estados Unidos en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres en la localidad de Bucha, después de que las tropas rusas se retiraran de las ciudades cercanas a Kiev, y expresa “una grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania”, en particular por los informes de “abusos y crímenes” cometidos por tropas rusas. México se abstuvo en la votación, al considerar que la permanencia o ausencia de Moscú en dicho órgano “no constituye un factor que la exima o que le imponga obligaciones bajo el derecho internacional”, y que “el multilateralismo debe fortalecerse a través de la inclusión y no de la exclusión”.
Con esta resolución, respaldada por casi la mitad de los países miembros de la ONU, Washington y sus aliados avanzan en su propósito de convertir a Rusia en un Estado “paria” y excluirlo de todos los foros internacionales, pero nada se adelanta en lo que debería ser prioritario desde una perspectiva de derechos humanos: superar la niebla de la propaganda bélica y conducir una investigación imparcial para dilucidar lo realmente ocurrido en Bucha. En este sentido, es llamativo que sea Moscú, a través de su Ministerio de Defensa, el que pida la presencia de organizaciones internacionales de derechos humanos para investigar lo que denomina “provocación cínica” del gobierno ucranio, en tanto que los gobernantes y medios alineados con la Casa Blanca dan por buena la versión de Kiev sin reparar en sus inconsistencias, como el hecho de que las imágenes de los cuerpos se conocieran hasta tres días después de la salida de las fuerzas rusas de la región.
Lo cierto es que, con los datos disponibles hasta ahora, es desaconsejable creer acríticamente a una sola de las partes. Las imágenes presentadas por el presidente Volodymir Zelensky resultan impactantes y obviamente mueven a despreciar lo que parece ser un infame crimen de guerra; sin embargo, el historial de Occidente en la fabricación de este tipo de materiales da sustento a la noción del Kremlin de que se está ante un montaje dirigido a justificar la escalada de sanciones con que el bando contrario busca destruir su economía. En este ir y venir de acusaciones, es inevitable que el trabajo de The New York Times con imágenes de satélite, que supuestamente probarían la presencia de cuerpos en Bucha cuando las tropas rusas todavía controlaban la localidad, recuerde la profusa difusión en ese mismo diario –y en la generalidad de los medios occidentales– de fotogramas satelitales con las inexistentes “armas de destrucción masiva” usadas como pretexto por el Pentágono para justificar su invasión a Irak.
Más allá de los fundados motivos para el escepticismo, es claro que las violaciones a los derechos humanos son consustanciales a cualquier guerra, y en este caso ambos bandos las han cometido: Moscú en su avance sobre territorio ucranio y Kiev en sus intentos para recuperar las regiones separatistas de Donietsk y Lugansk. La percepción de que tales crímenes sólo son perpetrados por uno de los contendientes proviene del secuestro de los organismos internacionales y la opinión pública por los intereses de Occidente, una maniobra que vicia la información y anula los mecanismos que debieran servir de mediadores en la búsqueda de salidas pacíficas al conflicto.
Si las muertes humanas son desoladoras sin importar dónde o por culpa de quién se produzcan, no lo es menos que en estas dolorosas circunstancias la opinión pública se encuentre a ciegas, imposibilitada de saber la verdad. Sólo queda desear que más pronto que tarde se permita la conformación de una instancia independiente que investigue los sucesos de Bucha, con la vista puesta en la evidencia y no en el uso de las víctimas para favorecer a uno u otro bando.
