Estambul. Turquía cerró ayer el caso judicial por el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi y lo envió a Arabia Saudita, una decisión criticada por organizaciones de derechos humanos y recurrida por la prometida de la víctima.

El periodista crítico de 59 años, colaborador del diario estadunidense The Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudita en Estambul, donde fue estrangulado y desmembrado.

La última audiencia contra 26 sauditas apenas duró unos minutos antes de que el juez del tribunal de Estambul anunciara su acuerdo: “Hemos decidido transferir el caso a Arabia Saudita”.

El desenlace era esperado. En la sesión previa, el fiscal solicitó este movimiento alegando que el caso “se ha demorado” porque las órdenes de la Corte no pueden ser ejecutadas dado que los sospechosos son extranjeros.

El ministro de Justicia, Bekir Boz-dag, indicó la semana pasada que daría luz verde a esta petición.

Necesitada de inversiones en medio de una grave crisis económica, Turquía tenía prisa en cerrar este asunto y reanudar sus relaciones con Arabia Saudita, cuyo príncipe heredero Mohamed bin Salmán quedó salpicado por este suceso.

“Aquí no estamos gobernados por una familia como en Arabia Saudita. Tenemos un sistema judicial que responde a las quejas de los ciudadanos: a este título, presentaremos un recurso”, indicó ante el tribunal la prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz.

Para ella, la fiscalía turca satisfacía las “demandas sauditas”. “Sabemos muy bien que las autoridades no harán nada. ¿Cómo podemos imaginar que los asesinos se investigarán a ellos mismos?”, afirmó.

Uno de sus abogados, Gokmen Baspinar, aseguró que “esta decisión de transferir el expediente legal va contra la ley y constituye una violación de la soberanía turca”.

“No hay ninguna acción judicial en Arabia Saudita. Ya han cerrado el proceso y decidieron absolver a los sospechosos”, indicó el letrado.

Organizaciones proderechos humanos denunciaron este intento de enterrar el proceso judicial contra los 26 acusados, de los que dos eran allegados del príncipe heredero.

“El tribunal ha aceptado trasladar a Arabia Saudita así, en una frase, sin siquiera (advertir) a los abogados del rechazo de sus peticiones”, se indignó en Twitter Milena Büyüm, representante de Amnistía Internacional en Turquía.

Un informe de los servicios de inteligencia estadunidenses acusó al príncipe heredero de haber “validado” el asesinato, ejecutado por un comando de agentes llegado de Arabia Saudita que se deshizo del cuerpo. Tras haber negado el crimen, Riad finalmente lo admitió, pero culpó a “agentes sauditas que actuaron por su cuenta”.

Inicialmente, cinco personas fueron condenadas a muerte, pero una corte saudita revocó la sentencia y decretó sentencias de no más de 20 años de cárcel a ocho acusados, cuyas identidades no se revelaron en un opaco procedimiento judicial.

Para decepción de Riad, Turquía siguió adelante con el caso y el presidente Recep Tayyip Erdogan sostuvo entonces que la orden del asesinato “vino de los niveles más altos” del gobierno saudita.

En los años siguientes, aunque de forma no oficial, Arabia Saudita ha tratado de presionar la economía turca con un boicot a sus importaciones. Ahora, en medio de una crisis que ha hundido su moneda y ha disparado la inflación y un creciente aislamiento internacional que ha reducido las inversiones extranjeras, Turquía intenta acercarse a potencias regionales como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel y a la misma Arabia Saudita.