De nueva cuenta mordió el polvo la mal llamada “oposición” (en realidad un grupúsculo de políticos corruptos, financiado por y al servicio de la oligarquía corrupta, que defiende los contratos leoninos y el saqueo de la nación): ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promovida por el presidente López Obrador, aprobada en el Congreso y vigente desde el 9 de marzo de 2021.

Tras la decisión del máximo tribunal, de inmediato se reportaron severos cuan múltiples trastornos gastrointestinales en la “oposición” y sus patrones, los mismos que desde antes de la aprobación de la LIE contrataron a un juez a modo, Juan Pablo Gómez Fierro (“especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones”), para que a la velocidad de la luz otorgara una catarata de amparos a las empresas privadas con el fin de que la nueva ley “no altere nuestros planes de negocios”, es decir, aquellos armados desde tiempos de Salinas de Gortari (más Zedillo, Fox y Calderón) hasta los de Peña Nieto, con una estructura cínicamente oligárquica y en contra de los intereses nacionales.

En el análisis y posterior votación en el pleno de la SCJN, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena subrayó lo que para propios y extraños no tiene por qué ser motivo de debate: el artículo 27 constitucional, fracción VI, define claramente al servicio público (léase correctamente: servicio público, no negocio) de electricidad como una actividad exclusiva del Estado y, por tanto, el Legislativo puede definir libremente el modelo a seguir para garantizarlo y, por tanto, ese poder ya definió –por medio de su aprobación de la LIE– cuál es ese sentido.

Pero a los buitres les importa un carajo lo que establezca la ley mexicana, que para eso tienen a la “oposición” a su servicio, y si ésta no funciona –como es obvio– entonces recurren a lo que pomposamente ellos mismos definen como “diplomacia económica”, que no es otra cosa que el descarado intento de gobiernos extranjeros de influir en las decisiones que sólo atañen a los mexicanos. Semanas atrás visitó México el monárquico ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, para “exigir certeza jurídica” para las trasnacionales gachupinas (todas ellas bandoleras, especialmente las eléctricas) que operan en nuestro país y “discutir las diferencias”. Obvio es que en Palacio Nacional lo mandaron directo a otra parte, pero insiste.

Entre lo más reciente, que no lo último, se cuenta la visita de John Kerry –supuestamente para “acelerar la cooperación contra el cambio climático”–, con el único fin de meter la mano y “defender” a las empresas eléctricas estadunidenses que gozan de contratos leoninos y se benefician de la corrupción implícita en la reforma peñanietista, siempre con el petate del T-MEC, por mucho que ese acuerdo no incluye un capítulo sobre energía (en cualquiera de sus modalidades), aunque sí otro (número 8) en que las partes firmantes reconocen el derecho soberano de decidir con base en sus respectivas constituciones y reformarlas de acuerdo con sus intereses. Y las tres partes firmaron otro importantísimo: el capítulo anticorrupción (“las Partes afirman su determinación para prevenir y combatir el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión internacionales”). Y la “reforma” peñanietista es asquerosamente corrupta.

Sin embargo, los gringos sólo registran lo que les conviene. Por ello no son gratuitos los señalamientos del presidente López Obrador: “es muy claro de que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo lobby en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en el Poder Judicial, los medios de información, visitando a jueces, magistrados, ministros, y procurando amparos… quieren que ese sistema de corrupción, de lucro, en contra de la gente, en contra de los ciudadanos, sea el que se imponga en México… La mayoría de los jueces completamente entregados a las empresas, al poder económico”.

El gobierno estadunidense hace lobby: “me consta; han venido a eso”, dice López Obrador, pero las autoridades de aquel país “saben que las decisiones de México son nuestras y no deben intervenir”. ¿Y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau? También.

Las rebanadas del pastel

Si de cinismo se trata, la representante Comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, grita ¡presente!: “hemos tratado de ser constructivos con el gobierno de México, pero no ha habido cambios en su política energética”.