En Estados Unidos, el derecho al aborto es legal desde 1973. Se puede practicar hasta las 24 semanas de iniciado el embarazo. Es una de las grandes conquistas de las mujeres de ese país y de los movimientos en pro de los derechos civiles. Desde entonces, y ahora con más fuerza que antes, la combaten grupos religiosos y organizaciones de extrema derecha.
Ese derecho lo fijó muy claramente el Tribunal Supremo estadunidense, pero una de las herencias más nefastas de la administración de Donald Trump fue dejar esa máxima instancia jurídica con mayoría conservadora: seis contra tres progresistas. Uno de los resultados de esa herencia es la resolución de dicho tribunal que respalda una ley antiaborto aprobada por el estado de Texas el año pasado.
Dicha ley lo prohíbe desde las seis semanas de gestación; no contiene excepciones para los casos de incesto o violación. Ni cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas. Deja abierta la posibilidad de que particulares presenten demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar en caso de que crean que están infringiendo la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10 mil dólares a cada demandante por juicio ganado.
Sonia Sotomayor, la jueza progresista de origen latino que a propuesta del ex presidente Barack Obama hace parte del Tribunal Supremo desde 2009, señaló que la ley antiaborto texana “es un desastre para el estado de derecho y supone un grave perjuicio para las mujeres que allí viven”, y es, claramente, “una violacion a la garantía constitucional de 1973 que respalda el derecho a abortar”. Por su parte, Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Estados Unidos, afirma que “las mujeres en Texas estarán obligadas, si pueden, a abandonar el estado para conseguir cuidados de salud esenciales. O a seguir embarazadas contra su voluntad. Esto es inhumano”.
La resolución del máximo tribunal de justicia estadunidense sobre la ley texana adquiere gran relevancia, pues en unos meses más debe decidir si mantiene en pie el derecho constitucional al aborto en vigor desde 1973. Si lo deroga, cada estado del vecino país quedaría en libertad de permitirlo o prohibirlo. Se calcula que más de la mitad de los estados legislaría para prohibirlo.
Gran potencia también en decadencia en los derechos civiles.
