En días pasados, el tercer informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa arrojó, otra vez, evidencia contundente que permite confirmar que la verdad histórica fue en realidad una mentira de Estado. Se trató de una escenificación, una fabricación y manipulación de presuntas pruebas que permitían construir una base de legitimidad para dar carpetazo al caso y encubrir la acción, omisión y aquiescencia del Estado en un caso paradigmático que hoy, aun sin el pleno conocimiento de la verdad, pone al descubierto la podredumbre del estado de derecho en México.
Un día después de la presentación del informe, las madres y padres de los normalistas desaparecidos, reunidos en rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, expresaron su rabia, hartazgo e indignación ante los nuevos hallazgos del GIEI que dan plena cuenta de que el Estado les ha mentido sistemáticamente y los ha revictimizado durante más de siete años, en los que la verdad sigue sin desentrañarse. Su irritación expresa la perpetuación de un ánimo de angustia e impotencia provocado por el hecho de saber cada vez con mayor precisión qué no sucedió, mientras permanece en tinieblas el paradero de sus hijos.
Los familiares refrendaron que su lucha no cesará hasta encontrar la verdad y se haga justicia. Exigieron una nueva reunión con el Presidente de la República y refrendaron la demanda de abrir una carpeta de investigación contra las fuerzas armadas y contra las autoridades implicadas en los nuevos hallazgos del GIEI.
Los hechos ocurridos en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como las acciones del Estado antes, durante y después de los hechos, documentados en los tres informes del GIEI hasta ahora, dan pistas del nivel de deliberación con que el Estado ha manipulado el caso. El reciente informe señala a elementos de la Marina quienes se suman a la PGR, la Sedena y la Policía Federal como partícipes de la manipulación de escenas del crimen, en este caso el basurero de Cocula. Un video grabado por un dron de la Marina muestra maniobras de elementos de la misma institución horas previas al presunto hallazgo de la evidencia que permitió afirmar como verdad histórica el asesinato y desaparición de los estudiantes en dicho basurero. Esta evidencia se suma a la arrojada por los informes previos del GIEI, que dieron cuenta de la manipulación de la escena del río San Juan, el día previo al hallazgo de los restos de Alexander Mora, así como la comprobación de la imposibilidad científica de haber realizado la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula.
El tercer informe denuncia también un sinfín de irregularidades y violaciones a derechos humanos en el desarrollo de los hechos y en el transcurso de las investigaciones posteriores. Entre ellas, se señala el uso de la tortura contra los detenidos, la infiltración del Ejército en las actividades de los normalistas desde al menos 10 años previos a los hechos, la participación del Ejército para investigar y deslegitimar al propio GIEI y otros grupos de defensores, la existencia de investigaciones paralelas de agentes de inteligencia militar, quienes nunca colaboraron con la pesquisa oficial y cuyos hallazgos no se integraron al expediente de la PGR, así como la certeza de que las mismas fuerzas armadas tienen aún mucha información relevante sin entregar.
Tras la contundencia de lo informado por el GIEI, se impone una pregunta tan simple como incómoda: ¿con quién quiere estar López Obrador, con las víctimas o con las fuerzas armadas?
Hoy resulta claro que durante los últimos años las fuerzas armadas se han empeñado en obstaculizar la indagatoria y sólo ahora, han tenido que entregar información –si bien aún de manera selectiva y a cuentagotas– se ha revelado su profunda implicación en la fabricación de la verdad histórica y se avivan serias sospechas sobre su complicidad en los hechos de aquella noche de septiembre.
Estas nuevas revelaciones del GIEI no pueden desestimarse, menos aún en el marco del balance de un gobierno en el que el actor público más fortalecido han sido las fuerzas armadas. Lo que ocurra enseguida alrededor del caso Ayotzinapa dará indicios claros de hasta dónde está dispuesto a llegar AMLO en su apuesta por la militarización, pues muchos implicados directa o indirectamente en aquellos hechos permanecen hoy en altos mandos del poder castrense, un actor que se ha convertido en el brazo derecho de un gobierno que, en palabras de los propios padres de los normalistas desaparecidos, ha puesto más empeño en el discurso que en el efectivo esclarecimiento de la verdad.
Pero si el Presidente decide estar con las víctimas, el compromiso de verdad, justicia y reparación sólo podrá acreditarse con la voluntad traducida en actos, de transparentar la información clasificada de las fuerzas armadas, de redoblar esfuerzos para la determinación de los autores y las causas por las que se fabricaron escenas del crimen, y de llevar a declarar a los funcionarios implicados, sin distinción de su pertenencia al sexenio anterior o al presente. De lo contrario, quedará en duda la cabalidad del compromiso de la 4T con las víctimas y evidenciada su opción por fortalecer su vínculo con las fuerzas armadas, con todas las implicaciones que de ello se derivan.
